El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, conmemorado cada 19 de agosto, llega en 2026 marcado por una preocupación cada vez mayor: el personal que intenta llevar alimentos, medicinas, agua y atención de emergencia a poblaciones afectadas por guerras y crisis está enfrentando un entorno de seguridad más peligroso, especialmente por la expansión de los drones armados.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y organizaciones humanitarias han insistido en que los trabajadores de ayuda no pueden convertirse en objetivos de los conflictos armados. La discusión ya no se limita a condenar ataques después de que ocurren: el desafío es establecer medidas preventivas, mecanismos de coordinación y sistemas de protección capaces de responder a una tecnología que se ha vuelto más barata, accesible y difícil de detectar.
La situación es especialmente preocupante porque los drones pueden utilizarse para vigilancia, reconocimiento y ataques de precisión, pero también pueden ser modificados para transportar explosivos y operar a muy baja altura. Esa evolución está cambiando las condiciones de seguridad de quienes trabajan en zonas de conflicto.
Los datos disponibles muestran la dimensión del problema. En 2025, 907 trabajadores humanitarios fueron asesinados, heridos o secuestrados en incidentes graves de seguridad, frente a 833 en 2024. De ellos, 350 murieron, 322 resultaron heridos y 235 fueron secuestrados. La cifra de fallecidos fue inferior a la de 2024, cuando murieron 387 trabajadores, pero el número total de personas afectadas por violencia aumentó.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria llega en medio de una crisis de seguridad
El 19 de agosto fue establecido por la ONU para reconocer la labor de quienes trabajan en emergencias y recordar a los trabajadores humanitarios que han muerto mientras ayudaban a otras personas.
La fecha también tiene un origen trágico. El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria recuerda el atentado contra la sede de Naciones Unidas en Bagdad, ocurrido el 19 de agosto de 2003, en el que murieron 22 personas, entre ellas el representante especial de la ONU para Irak, Sergio Vieira de Mello.
Más de dos décadas después, el escenario ha cambiado considerablemente. Las organizaciones humanitarias ya no enfrentan únicamente riesgos asociados con combates convencionales, bombardeos, minas, secuestros o ataques terrestres. Los drones han agregado una nueva dimensión al peligro.
La campaña internacional de 2026 pone precisamente el foco en esta transformación. La ONU ha advertido que la proliferación de drones armados baratos y adaptables está poniendo capacidad letal en manos de un número cada vez mayor de actores y llevando armas explosivas hacia zonas urbanas.
El secretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha advertido que condenar los ataques después de que suceden no es suficiente y ha reclamado que los Estados cumplan el derecho internacional humanitario, protejan a civiles y trabajadores humanitarios y garanticen consecuencias para quienes violen esas normas.
¿Por qué los drones representan una amenaza particular para los trabajadores humanitarios?
Los drones no son una amenaza exclusivamente militar. El problema para las organizaciones de ayuda surge porque estas aeronaves pueden operar en los mismos espacios donde se desarrollan las actividades humanitarias.
Un convoy que transporta medicamentos puede desplazarse por una carretera utilizada también por fuerzas armadas. Un centro médico puede encontrarse en una zona donde existen objetivos militares. Una vivienda donde descansan trabajadores humanitarios puede estar ubicada en una ciudad sometida a vigilancia aérea permanente.
Además, algunos drones comerciales pueden parecerse a aeronaves utilizadas con fines militares. El CICR señala que esta similitud puede dificultar la distinción entre drones utilizados para actividades civiles, humanitarias y militares, generando confusión, desconfianza y riesgos adicionales para las organizaciones de ayuda.
El problema se vuelve todavía más complejo con los drones FPV —aeronaves controladas mediante una cámara que transmite imágenes al operador— y los llamados drones de un solo uso, diseñados para estrellarse contra un objetivo después de transportar una carga explosiva.
El CICR advierte que las cámaras de baja resolución y la dificultad para identificar correctamente un objetivo pueden incrementar los riesgos de ataques contra personas y bienes civiles.
El derecho internacional ya protege al personal humanitario
La preocupación por los drones no significa que exista un vacío absoluto en la legislación internacional.
El derecho internacional humanitario ya establece obligaciones para las partes involucradas en conflictos armados. El hecho de que un ataque sea ejecutado mediante un dron no elimina esas obligaciones.
El CICR explica que los drones armados no están prohibidos de manera general por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, su utilización debe cumplir principios fundamentales como distinción, proporcionalidad y precaución. Esto significa que los ataques deben dirigirse contra combatientes u objetivos militares y que deben adoptarse todas las precauciones factibles para evitar o reducir el daño a civiles.
Por tanto, un dron no puede utilizarse para justificar un ataque indiscriminado contra una zona poblada ni para ignorar la condición protegida de un trabajador humanitario.
La distancia física entre quien opera el dron y el lugar atacado tampoco modifica la responsabilidad. El CICR señala que los operadores y sus cadenas de mando continúan teniendo obligaciones respecto del cumplimiento del derecho internacional humanitario.
Goma: uno de los casos que encendió las alarmas en 2026
Uno de los episodios más graves ocurrió el 11 de marzo de 2026 en Goma, República Democrática del Congo.
Un ataque con drones golpeó una zona residencial de la ciudad y provocó la muerte de la trabajadora humanitaria francesa Karine Buisset, integrante de UNICEF. La organización confirmó que Buisset murió en un ataque contra un edificio donde se alojaban trabajadores humanitarios.
La ONU condenó el ataque y recordó que el personal humanitario que presta asistencia vital no debe ser convertido en objetivo. La misión de Naciones Unidas en el país reclamó una investigación independiente y creíble para establecer responsabilidades.
El caso resulta especialmente significativo porque muestra cómo el riesgo de los drones puede alcanzar directamente a trabajadores que no se encuentran participando en las hostilidades.
El ataque ocurrió en medio de la guerra en el este de la República Democrática del Congo, donde el conflicto entre las fuerzas gubernamentales y el grupo AFC/M23 ha provocado desplazamientos masivos y una grave crisis humanitaria.
Tanto el grupo rebelde como las autoridades congoleñas intercambiaron acusaciones sobre la responsabilidad del ataque. La ONU, por su parte, se concentró en la protección de los civiles y del personal humanitario y en la necesidad de investigar lo sucedido.
Ucrania y Sudán muestran que el problema va más allá de un solo conflicto
La República Democrática del Congo no es el único escenario donde los drones están afectando las operaciones humanitarias.
En Ucrania, los ataques con drones se han convertido en una amenaza cotidiana para civiles, infraestructura y trabajadores de ayuda. Durante una sola semana de mayo de 2026, cuatro convoyes humanitarios fueron alcanzados por ataques, según la información difundida por Naciones Unidas durante la campaña del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
La situación es particularmente complicada en regiones cercanas a la línea del frente, donde los drones pueden permanecer sobre una zona durante largos periodos y convertirse en herramientas de vigilancia antes de un ataque.
El responsable humanitario de la ONU también ha advertido que los trabajadores que operan en lugares como Jersón enfrentan drones de vigilancia y explosivos, incluso cuando utilizan vehículos claramente identificados como humanitarios.
En Sudán, el panorama es igualmente grave. Naciones Unidas señaló que los drones armados provocaron aproximadamente el 80 % de las muertes civiles registradas durante los primeros cuatro meses de 2026, alcanzando lugares como mercados y centros de salud.
Esto tiene consecuencias directas para las organizaciones de ayuda. Cuando una zona se vuelve demasiado peligrosa para los trabajadores, las organizaciones pueden verse obligadas a suspender operaciones, retirar personal o reducir desplazamientos.
El resultado final lo sufren las comunidades que dependen de esa asistencia.
Gaza continúa siendo uno de los lugares más peligrosos para la ayuda humanitaria
La crisis también tiene un componente particularmente grave en Gaza.
Los datos del Aid Worker Security Database indican que 186 trabajadores humanitarios murieron en Gaza durante 2025, convirtiendo al territorio en el contexto más letal para el personal de ayuda durante ese año. Una parte importante de esas muertes estuvo relacionada con bombardeos aéreos.
La situación ha generado reiterados llamados internacionales para mejorar la protección del personal humanitario y realizar investigaciones sobre las muertes.
Uno de los casos más conocidos fue el ataque de abril de 2024 contra un convoy de World Central Kitchen, en el que murieron siete trabajadores humanitarios. El caso volvió a adquirir relevancia internacional en agosto de 2026 después de que Israel rechazara abrir una investigación penal independiente sobre la muerte de la trabajadora australiana Zomi Frankcom y sus compañeros.
Aunque ese episodio ocurrió en 2024, continúa siendo una referencia fundamental dentro del debate sobre identificación de vehículos humanitarios, coordinación de movimientos y responsabilidad frente a ataques.
Colombia también aparece en la alerta internacional
La problemática no es exclusivamente africana, europea o de Oriente Medio.
Colombia también ha experimentado un incremento considerable del uso de drones armados por parte de actores involucrados en el conflicto interno. Según los datos divulgados por Naciones Unidas durante el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, los ataques con drones armados en Colombia se cuadruplicaron entre 2024 y 2025.
El dato resulta especialmente relevante para el país porque una parte importante de la asistencia humanitaria se desarrolla precisamente en regiones donde existen grupos armados, desplazamientos, confinamientos y dificultades de acceso.
La expansión de esta tecnología plantea un riesgo adicional para equipos médicos, organizaciones no gubernamentales, funcionarios internacionales y voluntarios que deben desplazarse por territorios afectados por la violencia.
En este contexto, la protección del personal humanitario no puede depender únicamente de que un vehículo tenga logotipos visibles o de que una organización informe previamente sus movimientos.
¿Qué debería incluir un protocolo internacional de protección?
La discusión internacional apunta hacia la necesidad de pasar de las declaraciones generales a mecanismos concretos de prevención y respuesta.
Aunque no existe actualmente un único «protocolo mundial contra ataques con drones» adoptado por todos los Estados, sí existe un conjunto de obligaciones y compromisos internacionales destinados a proteger al personal humanitario. La demanda actual busca reforzar y hacer operativos esos mecanismos frente a las nuevas amenazas tecnológicas.
Un marco global más sólido podría incluir varios elementos.
1. Identificación y comunicación de movimientos
Las organizaciones humanitarias necesitan sistemas seguros para comunicar sus rutas, vehículos, instalaciones y operaciones a las partes involucradas en un conflicto.
Sin embargo, esa información debe gestionarse cuidadosamente. La divulgación de coordenadas o movimientos humanitarios puede convertirse en un riesgo si llega a manos equivocadas.
2. Sistemas de alerta temprana
La tecnología puede utilizarse también para proteger a los trabajadores.
Sistemas capaces de detectar actividad aérea sospechosa y emitir alertas podrían proporcionar algunos segundos o minutos adicionales para buscar refugio o suspender una operación.
Esto debería combinarse con protocolos claros sobre qué hacer cuando se detecta un dron.
3. Coordinación entre actores humanitarios
Las organizaciones que operan en una misma región necesitan compartir información de seguridad y establecer canales de comunicación compatibles.
Una organización que detecta una amenaza debería poder advertir rápidamente a otras entidades que estén desplazándose por la misma zona.
4. Investigación independiente de los ataques
La protección no puede limitarse a prevenir incidentes.
Cuando un trabajador humanitario muere, resulta fundamental establecer qué ocurrió, quién realizó el ataque y si se incumplieron las normas del derecho internacional humanitario.
La ONU ha insistido precisamente en la necesidad de investigaciones oportunas, transparentes y creíbles.
5. Rendición de cuentas
La impunidad puede generar nuevos ataques.
La IFRC ha colocado la rendición de cuentas entre sus principales demandas para 2026, junto con el respeto del derecho internacional humanitario, la prevención y la inversión en seguridad y protección del personal.
La protección no puede concentrarse únicamente en los trabajadores extranjeros
Uno de los aspectos menos visibles de esta crisis es que la mayoría de las personas afectadas son trabajadores locales.
La IFRC señaló que el 99 % de los trabajadores humanitarios muertos en incidentes violentos en 2025 dentro de los datos que utiliza la organización eran empleados o voluntarios locales. Son precisamente quienes viven en las comunidades afectadas y, en muchos casos, son los primeros en llegar y los últimos en abandonar una zona de crisis.
Esta realidad obliga a modificar la idea de que la seguridad humanitaria consiste principalmente en proteger a cooperantes internacionales.
Los conductores de ambulancias, médicos, enfermeros, voluntarios comunitarios, trabajadores de organizaciones locales y personal de distribución de alimentos están igualmente expuestos.
Y, en muchos casos, tienen menos recursos para abandonar una zona peligrosa.
El reto de proteger a quienes ayudan sin militarizar la asistencia
Otro dilema importante es evitar que las medidas de protección conviertan la asistencia humanitaria en una operación militarizada.
La neutralidad, imparcialidad e independencia son principios fundamentales de la acción humanitaria. Si los trabajadores comienzan a ser percibidos como parte de una estructura militar, su seguridad puede deteriorarse aún más.
Por eso, la respuesta internacional debe combinar tecnología, capacitación, coordinación y mecanismos jurídicos sin eliminar la naturaleza civil de la ayuda.
El objetivo no es crear una fuerza armada para acompañar cada convoy humanitario, sino conseguir que todas las partes de un conflicto comprendan y respeten que las organizaciones humanitarias tienen una función diferente.
La tecnología cambia, pero las reglas de la guerra no
El debate sobre los drones también plantea una cuestión jurídica de fondo.
Los conflictos actuales incorporan tecnologías que hace pocos años eran relativamente poco accesibles: drones comerciales modificados, sistemas de navegación más sofisticados, inteligencia artificial y herramientas capaces de identificar objetivos desde grandes distancias.
Sin embargo, la aparición de nuevas tecnologías no elimina las normas existentes.
El CICR sostiene que las obligaciones fundamentales del derecho internacional humanitario continúan aplicándose independientemente de la plataforma utilizada para ejecutar un ataque.
Por eso, la pregunta central no debería ser únicamente cómo defender a los trabajadores humanitarios de los drones, sino también cómo impedir que estos sistemas sean utilizados para atacar a personas y bienes protegidos por el derecho internacional.
La Declaración sobre la Protección del Personal Humanitario
En septiembre de 2025, un grupo de Estados impulsó una Declaración sobre la Protección del Personal Humanitario, con el objetivo de reforzar el compromiso político internacional con la protección de quienes prestan asistencia en conflictos.
Australia, Jordania, Suiza, Indonesia, Sierra Leona, Reino Unido, Japón, Brasil y Colombia estuvieron entre los países que inicialmente anunciaron la creación de un grupo ministerial dedicado a promover esa protección.
La declaración no sustituye al derecho internacional humanitario, pero representa un intento de aumentar la presión política para que las normas existentes se cumplan.
Durante 2026, la discusión se ha trasladado cada vez más hacia la implementación práctica: cómo prevenir ataques, cómo mejorar la seguridad de los equipos locales, cómo investigar los incidentes y cómo conseguir que los responsables rindan cuentas.
Un problema que amenaza también la entrega de ayuda
La inseguridad de los trabajadores humanitarios no es solamente un problema laboral o de derechos humanos.
También amenaza directamente la capacidad de las organizaciones para ayudar a las poblaciones afectadas.
Cuando los trabajadores dejan de poder desplazarse, las consecuencias pueden ser inmediatas: clínicas que reducen sus servicios, alimentos que no llegan, vacunas que no pueden distribuirse, evacuaciones que se retrasan y comunidades enteras que quedan aisladas.
La Unión Europea ha advertido en 2026 que los actores humanitarios trabajan en condiciones cada vez más peligrosas y que los ataques deliberados contra personal humanitario han aumentado considerablemente, mientras la rendición de cuentas sigue siendo limitada.
Por ello, proteger a un trabajador humanitario significa también proteger el derecho de una población a recibir asistencia.
El desafío para 2026 y los próximos años
Los datos conocidos hasta agosto muestran que la tendencia no se ha detenido.
En lo que va de 2026, Naciones Unidas ha informado de al menos 82 trabajadores humanitarios muertos, 97 heridos y 39 secuestrados en todo el mundo.
La cifra demuestra que el problema no pertenece únicamente al pasado. Las organizaciones están enfrentando una realidad en la que los drones, junto con otras armas y métodos de guerra, pueden hacer que una carretera, un hospital o incluso una vivienda aparentemente segura se conviertan rápidamente en un escenario de peligro.
El mensaje del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria de 2026 es, por tanto, más urgente que simbólico: quienes llegan a las zonas de crisis para salvar vidas no pueden ser tratados como objetivos militares.
La comunidad internacional ya dispone de normas para protegerlos. Lo que está en discusión es cómo conseguir que esas normas se respeten en un campo de batalla cada vez más tecnológico.
La expansión de los drones hace especialmente necesario mejorar los mecanismos de alerta, coordinación, identificación, investigación y rendición de cuentas. Pero ninguna tecnología de protección será suficiente si los actores armados continúan ignorando sus obligaciones.
La principal demanda de las organizaciones humanitarias es que la protección deje de ser una promesa escrita y se convierta en una práctica efectiva.
Porque detrás de las estadísticas de trabajadores muertos, heridos o secuestrados hay personas que decidieron entrar en los lugares más peligrosos del mundo para ayudar a otras personas.
Y, como han reiterado Naciones Unidas y el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ser trabajador humanitario no convierte a nadie en combatiente ni en objetivo legítimo. El derecho internacional exige precisamente lo contrario: que puedan realizar su trabajo y regresar con vida.
Imagen recomendada para la nota
Una opción especialmente relacionada con el tema es la fotografía de los equipos de Naciones Unidas en Goma, República Democrática del Congo, después del ataque con drones que mató a la trabajadora de UNICEF Karine Buisset. La imagen fue distribuida por Reuters y muestra a personal de Naciones Unidas y equipos de emergencia trabajando en el lugar del ataque.
