Un conductor de taxi con una pierna amputada protagonizó un acalorado reclamo público tras recibir una orden de comparendo sobre el corredor de la Avenida Calle 26, en el occidente de Bogotá. El trabajador del gremio del transporte público detuvo su vehículo unos minutos a un costado de la vía para consumir una empanada cuando los agentes de tránsito lo abordaron para imponerle la sanción. De igual manera, el afectado denunció que los funcionarios no solo multaron su estacionamiento sino que también lo recriminaron de forma directa por sus supuestas posturas e inclinaciones políticas. Por esta razón, el incidente desencadenó una profunda indignación por parte del transportador, quien grabó el procedimiento para dejar constancia de lo sucedido. En consecuencia, la difusión del video generó un fuerte rechazo entre los ciudadanos e integrantes del sector automotor.
Durante el altercado, el ciudadano recriminó con severidad el trato recibido por parte de los uniformados y cuestionó la falta de empatía de las autoridades ante su condición de discapacidad. Asimismo, el conductor expuso que las recriminaciones de índole ideológica resultan inaceptables en medio de un procedimiento oficial de regulación vial. Por su parte, varios transeúntes y compañeros del gremio de taxistas respaldaron al afectado e intercedieron verbalmente durante la diligencia. Por lo tanto, el reclamo del transportador expone la tensión existente entre los conductores urbanos y los cuerpos de control de movilidad en los principales corredores viales de la capital.
Frente a los hechos acontecidos, las imágenes registradas por los testigos circulan ampliamente en redes sociales para visibilizar el proceder de los servidores públicos. Adicionalmente, colectivos de conductores y defensores de derechos humanos exigen respuestas claras sobre el cumplimiento de los protocolos de respeto a la ciudadanía durante la imposición de multas. Por este motivo, diversos sectores de la comunidad solicitan revisar las sanciones en casos donde concurran condiciones de vulnerabilidad o discapacidad. Por consiguiente, el caso reabre el debate sobre la proporcionalidad en las medidas de control de tráfico en la ciudad.
Paralelamente, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá supervisa la actuación de los agentes e inspectores de tránsito mediante los canales de control interno para verificar la transparencia de los procedimientos. Adicionalmente, la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo atienden las quejas de los ciudadanos respecto a posibles abusos de autoridad o vulneración de derechos en el espacio público. Del mismo modo, las agremiaciones de taxistas organizan mesas de diálogo con la administración distrital para garantizar garantías laborales y trato digno a sus afiliados en las calles. Por esta razón, las instituciones competentes evalúan la conducta de los involucrados en el procedimiento de la Calle 26.
Finalmente, la Secretaría Distrital de Movilidad invita a las personas afectadas por un procedimiento de tránsito a radicar sus recursos de impugnación o quejas formales mediante la plataforma digital ‘Bogotá te Escucha’ y la página web institucional. Además, los ciudadanos pueden acudir a los superCADES de la ciudad para presentar descargos o solicitar la revisión técnica de las infracciones. De igual forma, las autoridades recuerdan que los servidores públicos deben mantener la neutralidad y el respeto mutuo durante cualquier operativo en la vía pública. En efecto, la denuncia ciudadana permite hacer seguimiento estricto al cumplimiento de la norma y al buen trato en la capital.
