Imagen tomada de Semana.
La Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, institución educativa donde estudiaba Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció en agosto de 2025 y posteriormente fue hallada sin vida. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 004627 del 19 de junio de 2026.
Resolución 004627 del 19 de junio de 2026.
¿Por qué lo cierran?
Según la Secretaría de Educación de Cundinamarca, el establecimiento fue declarado administrativamente responsable por una infracción grave relacionada con las disposiciones que regulan la prestación del servicio público educativo. La sanción contempla la cancelación definitiva de la licencia de funcionamiento del plantel.
Sin embargo, el cierre no será inmediato. La medida comenzará a aplicarse una vez termine el calendario académico correspondiente a 2026, con el propósito de evitar una interrupción abrupta de las actividades escolares y permitir que las familias puedan organizar la continuidad educativa de los estudiantes.
Plan de reubicación
Como parte del proceso, la rectora del plantel educativo Sonia Ochoa Daza, deberá presentar ante la Secretaría de Educación un plan de reubicación de los alumnos antes del 31 de octubre de este año. De esta manera, las autoridades buscan garantizar que los estudiantes puedan continuar sus procesos académicos en otras instituciones.
La decisión administrativa se produce mientras continúa el proceso judicial relacionado con la muerte de Valeria. La menor desapareció el 12 de agosto de 2025 durante un receso escolar en el plantel y su cuerpo fue encontrado 17 días después en inmediaciones del río Frío, a 300 metros del colegio.
Aunque la Gobernación ya adoptó la determinación, la defensa del colegio todavía puede hacer uso de los recursos legales correspondientes. Por ello, la cancelación de la licencia podría enfrentar nuevas actuaciones antes de quedar completamente ejecutoriada.
El caso vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad, vigilancia y protección que deben garantizar las instituciones educativas, especialmente cuando se trata de menores de edad.
