La violencia volvió a ocupar el centro de la atención durante el primer fin de semana del gobierno de Abelardo de la Espriella. La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por una serie de ataques, hostigamientos y acciones con explosivos registrados entre el 7 y el 8 de agosto en diferentes regiones del país.
De acuerdo con el organismo, los hechos se presentaron en 11 departamentos: Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. Cauca y Nariño concentraron buena parte de los incidentes, aunque también se reportaron acciones violentas en otros territorios.
Entre los hechos más graves se encuentran la destrucción del peaje de Cachimbal y daños ocasionados por explosivos en el peaje de Mondomo, sobre la vía Panamericana, en Cauca. En Curumaní, Cesar, un ataque con explosivos dejó además un integrante de la Policía muerto.
La Defensoría señaló que varios de los ataques tuvieron como objetivo instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura vial y corredores considerados estratégicos. Sin embargo, advirtió que algunos hechos ocurrieron cerca de zonas residenciales, establecimientos comerciales y vías utilizadas diariamente por la población.
Preocupación por el uso de drones y explosivos
Uno de los aspectos que más preocupa a la entidad es el incremento en el uso de drones y artefactos explosivos por parte de estructuras armadas ilegales. Para la Defensoría, estas modalidades representan un riesgo creciente para las comunidades y modifican las dinámicas de violencia en diferentes regiones.
El organismo aclaró que, con la información disponible, no es posible concluir que los ataques correspondan a una operación nacional coordinada. Según su análisis, los hechos podrían responder a dinámicas particulares de cada territorio y a la actuación de diferentes grupos armados.
Llamado al gobierno de Abelardo de la Espriella
Ante este escenario, la Defensoría pidió al nuevo Gobierno adoptar medidas inmediatas para proteger a la población civil y responder a las amenazas que enfrentan las comunidades.
La entidad planteó la necesidad de combinar las operaciones de seguridad y defensa con estrategias de prevención y protección para las personas que viven en las zonas afectadas por el conflicto.
Además, solicitó que las autoridades tengan en cuenta las advertencias y recomendaciones emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas, con el propósito de anticiparse a posibles escenarios de violencia.
La Defensoría también hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que cesen las acciones que puedan poner en peligro la vida, la integridad y la movilidad de los ciudadanos.
El panorama representa uno de los primeros grandes desafíos de seguridad para la administración de Abelardo de la Espriella, que deberá responder a una situación de violencia que continúa afectando distintas regiones del territorio nacional.
