La subdirectora dLa subdirectora de la Caja de Compensación, Comfamiliar de Nariño, Olga Alicia Vázquez, la contadora, Diana Marcela Salazar, la contratista, Rosa Milena Lagos y el exsecretario de Gobierno de Nariño y exfuncionario de la caja, Edgar Insandará, fueron judicializados en las últimas horas en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía General de la Nación.
En el marco de las pesquisas se estableció que la red habría direccionado 8 contratos por cerca de 9.804 millones de pesos mediante licitaciones simuladas y sobrecostos, en acciones ilícitas que se llevaron a cabo entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
De esta manera a través de labores investigativas adelantadas por un fiscal de la Seccional Nariño y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fueron judicializadas las cuatro personas que estarían implicadas en el entramado delictivo que afectó la contratación de la entidad.
Licitaciones públicas simuladas
Actividades de policía judicial, como auditorías forenses, inspecciones contables e interceptaciones, evidenciaron que esta red abría licitaciones públicas simuladas para aparentar pluralidad de oferentes; sin embargo, las adjudicaciones estaban direccionadas hacia empresas preseleccionadas mediante la exigencia de comisiones sobre los anticipos y la presentación de cuentas con sobrecostos.
De acuerdo con la investigación, este grupo delincuencial estaría integrado por directivos, funcionarios y particulares. De esta manera, se habrían suscrito ocho contratos por $9.804.893.500, de los cuales se desembolsaron anticipos por $2.942.368.050, correspondientes al 30 % del valor contratado.
Se estableció que Vásquez Martínez, en su calidad de subdirectora de servicios de la Caja de Compensación, sería la encargada de direccionar la contratación. Por su parte, Salazar Quelal y Lagos Medicis habrían facilitado información a las empresas con las que previamente habían acordado la adjudicación sobre documentos específica que debían proporcionar.
Por su parte, Edgar Alonso Insandará presuntamente se benefició de este direccionamiento a través de la empresa que representaba.
Devolución del dinero
Las actividades investigativas desplegadas permitieron que dos de los hoy procesados hicieran la devolución de cerca de 1.552 millones de pesos.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Nariño los imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado. Olga Alicia Vásquez Martínez aceptó los cargos; los demás procesados no.
Por disposición de una juez de control de garantías, a Vásquez Martínez le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, los demás procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en el lugar de su residencia.
Este trabajo hace parte de una primera fase investigativa adelantada por estas irregularidades, indicó la Fiscalía General de la Nación.,
Gran expectativa
Este proceso de indagatoria genera entre la ciudadanía una enorme expectativa entre empresarios, trabajadores afiliados, beneficiarios y la ciudadanía en general, por cuanto el consenso es que en el transcurso de las próximas horas saldrán a la luz pública, los nombres de nuevos implicados, en lo que la Fiscalía General de la Nación, ha calificado como un entramado de corrupción.
De acuerdo con la información dada a conocer por el mencionado ente investigador, durante las primeras etapas de la investigación, se habría establecido un presunto detrimento patrimonial cercano a los diez mil millones de pesos de pesos, cifra que podría modificarse a medida que continúen las investigaciones y se profundice la revisión de contratos, convenios, operaciones financieras y demás actuaciones administrativas desarrolladas durante los últimos años.
“Terremoto institucional”
La información en torno a estos hechos irregulares detectados en Comfamiliar de Nariño, han causado un verdadero terremoto institucional en el departamento, puesto que afecta a una de las entidades más importantes del departamento, encargada de administrar multimillonario recursos destinados al bienestar social de miles de familias trabajadoras de la región.
Cifras importantes
En efecto, Comfamiliar Nariño representa uno de los pilares del sistema de subsidio familiar en la región ya que actualmente cuenta con 11.600 empresas afiliadas, 121.485 trabajadores afiliados y cerca de 155.172 beneficiarios indirectos, quienes hacen parte de los diferentes núcleos familiares que acceden permanentemente a los programas y servicios que presta la Caja en materia de recreación, educación, cultura, vivienda, crédito social, subsidios, atención integral y múltiples programas sociales.
Enorme preocupación
Precisamente por el enorme impacto social que tiene la entidad, el proceso judicial ha generado preocupación entre miles de usuarios, quienes esperan que las investigaciones permitan esclarecer completamente lo ocurrido y, sobre todo, garantizar la estabilidad institucional de una organización considerada estratégica para el desarrollo económico y social del departamento.e la Caja de Compensación, Comfamiliar de Nariño, Olga Alicia Vázquez, la contadora, Diana Marcela Salazar, la contratista, Rosa Milena Lagos y el exsecretario de Gobierno de Nariño y exfuncionario de la caja, Edgar Insandará, fueron judicializados en las últimas horas en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía General de la Nación.
En el marco de las pesquisas se estableció que la red habría direccionado 8 contratos por cerca de 9.804 millones de pesos mediante licitaciones simuladas y sobrecostos, en acciones ilícitas que se llevaron a cabo entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
De esta manera a través de labores investigativas adelantadas por un fiscal de la Seccional Nariño y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fueron judicializadas las cuatro personas que estarían implicadas en el entramado delictivo que afectó la contratación de la entidad.
Licitaciones públicas simuladas
Actividades de policía judicial, como auditorías forenses, inspecciones contables e interceptaciones, evidenciaron que esta red abría licitaciones públicas simuladas para aparentar pluralidad de oferentes; sin embargo, las adjudicaciones estaban direccionadas hacia empresas preseleccionadas mediante la exigencia de comisiones sobre los anticipos y la presentación de cuentas con sobrecostos.
De acuerdo con la investigación, este grupo delincuencial estaría integrado por directivos, funcionarios y particulares. De esta manera, se habrían suscrito ocho contratos por $9.804.893.500, de los cuales se desembolsaron anticipos por $2.942.368.050, correspondientes al 30 % del valor contratado.
Se estableció que Vásquez Martínez, en su calidad de subdirectora de servicios de la Caja de Compensación, sería la encargada de direccionar la contratación. Por su parte, Salazar Quelal y Lagos Medicis habrían facilitado información a las empresas con las que previamente habían acordado la adjudicación sobre documentos específica que debían proporcionar.
Por su parte, Edgar Alonso Insandará presuntamente se benefició de este direccionamiento a través de la empresa que representaba.
Devolución del dinero
Las actividades investigativas desplegadas permitieron que dos de los hoy procesados hicieran la devolución de cerca de 1.552 millones de pesos.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Nariño los imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado. Olga Alicia Vásquez Martínez aceptó los cargos; los demás procesados no.
Por disposición de una juez de control de garantías, a Vásquez Martínez le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, los demás procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en el lugar de su residencia.
Este trabajo hace parte de una primera fase investigativa adelantada por estas irregularidades, indicó la Fiscalía General de la Nación.,
Gran expectativa
Este proceso de indagatoria genera entre la ciudadanía una enorme expectativa entre empresarios, trabajadores afiliados, beneficiarios y la ciudadanía en general, por cuanto el consenso es que en el transcurso de las próximas horas saldrán a la luz pública, los nombres de nuevos implicados, en lo que la Fiscalía General de la Nación, ha calificado como un entramado de corrupción.
De acuerdo con la información dada a conocer por el mencionado ente investigador, durante las primeras etapas de la investigación, se habría establecido un presunto detrimento patrimonial cercano a los diez mil millones de pesos de pesos, cifra que podría modificarse a medida que continúen las investigaciones y se profundice la revisión de contratos, convenios, operaciones financieras y demás actuaciones administrativas desarrolladas durante los últimos años.
“Terremoto institucional”
La información en torno a estos hechos irregulares detectados en Comfamiliar de Nariño, han causado un verdadero terremoto institucional en el departamento, puesto que afecta a una de las entidades más importantes del departamento, encargada de administrar multimillonario recursos destinados al bienestar social de miles de familias trabajadoras de la región.
Cifras importantes
En efecto, Comfamiliar Nariño representa uno de los pilares del sistema de subsidio familiar en la región ya que actualmente cuenta con 11.600 empresas afiliadas, 121.485 trabajadores afiliados y cerca de 155.172 beneficiarios indirectos, quienes hacen parte de los diferentes núcleos familiares que acceden permanentemente a los programas y servicios que presta la Caja en materia de recreación, educación, cultura, vivienda, crédito social, subsidios, atención integral y múltiples programas sociales.
Enorme preocupación
Precisamente por el enorme impacto social que tiene la entidad, el proceso judicial ha generado preocupación entre miles de usuarios, quienes esperan que las investigaciones permitan esclarecer completamente lo ocurrido y, sobre todo, garantizar la estabilidad institucional de una organización considerada estratégica para el desarrollo económico y social del departamento.
