Hoy, cuando nos encontramos a menos de 7 meses para la realización de las elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes, nosotros nos preguntamos, cómo van a hacer los diferentes candidatos para hacer sus campañas en la costa pacífica de Nariño, una región de gran importancia para nuestro departamento pero que lamentablemente en estos momentos sufre los embates de la violencia.
En ese sentido tendríamos que decir como buenos colombianos que celebramos la firma del Acuerdo de Paz, entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, pero la triste realidad es que esa paz ha estado muy alejada de nuestro territorio, en especial de la costa pacífica, escenario de toda clase de hechos violentos, que como bien lo expresó el ministro de Defensa, Diego Molano, tienen su origen en las actividades del narcotráfico.
«Hoy, cuando nos encontramos a menos de 7 meses para la realización de las elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes, nosotros nos preguntamos cómo van a hacer los diferentes candidatos para hacer sus campañas en la costa pacífica de Nariño, una región de gran importancia para nuestro departamento pero que lamentablemente en estos momentos sufre los embates de la violencia».
Es por ello, que desde hace dos meses, el municipio de Roberto Payán es escenario de uno de los más grandes desplazamientos de Colombia, similar al de Ituango en el departamento de Antioquia, fenómeno que precisamente es generado por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales en disputa de zona para las actividades del narcotráfico.
Por ello no nos extraña que en las últimas horas la Defensoría del Pueblo nos haya reportado como uno de los 17 departamentos del país donde se presentan mayores riesgos para la integridad de las personas y para la normal realización de las c ampañas políticas de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el 13 de marzo del 2022.
La responsabilidad de esta dolorosa situación la tienen, entre otros grupos, las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional, Eln, el Ejército Popular de Liberación, Epl, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las bandas y organizaciones que se dedican al narcotráfico y la delincuencia común, flagelos que han tomado por su cuenta a nuestro departamento de Nariño, con énfasis en la costa pacífica de Nariño.
Nos parece que esa alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo tiene que poner a sonar todas las campanadas de alerta en nuestra región, gravemente azotada por una violencia que no se detiene.
En ese sentido insistimos en la proximidad de los comicios para hacerle eco al clamor de miles de personas residentes en la costa pacífica de Nariño, quienes desde hace tiempo afrontan un verdadero martirio a consecuencia de las acciones de los violentos.
Es así como en nombre de esos miles de hombres, mujeres y niños, que hoy han sido desplazados de sus hogares en municipios como Roberto Payán, Magüí y Barbacoas, reiteremos el clamor para que por fin se le empiece a pagar la antigua deuda social que los diferentes gobiernos nacionales tienen con nuestra costa.
Queremos que se cumplan las promesas que hace algunas semanas hizo en Tumaco el ministro de Defensa Diego Molano en torno a triplicar la fuerza pública en las regiones de nuestro departamento que en estos instantes se encuentran en poder de los grupos armados ilegales, y devolverles la tranquilidad a miles de personas, que hoy afrontan toda clase de necesidades, puesto que carecen de albergues y alimentación adecuada.
La alerta que acaba de lanzar la Defensoría del Pueblo, la cual se une a las de otras organizaciones, debe servir para que el Estado fije su mirada en nuestra costa pacífica, escenario de toda clase de injusticias a cuenta de los gestores de la violencia que han convertido esa región en un verdadero infierno.