La investigación por el presunto entramado de contrabando y lavado de activos relacionado con la cadena de tiendas Lili Pink continúa avanzando. La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares dentro del proceso e incorporó a una nueva empresa que, según las autoridades, habría tenido un papel clave en el abastecimiento de mercancía importada desde China a través de Panamá.
Se trata de Elephant Import & Export S.A.S., una sociedad con sede en Barranquilla que, de acuerdo con la investigación, habría funcionado como uno de los principales proveedores de productos para las marcas Lili Pink y Joy. La decisión incluye el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre la totalidad de sus acciones y bienes mientras avanza el proceso judicial.
Las nuevas pesquisas permitieron establecer la existencia de 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresaron al país pasando por Panamá. Además, la Fiscalía recordó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ya había incautado otros 31 contenedores relacionados con la misma investigación. Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue que parte de los productos ya contaba con etiquetas listas para su comercialización en Colombia antes de completar su proceso de nacionalización.
Según el ente acusador, la empresa incorporada al expediente habría participado en operaciones comerciales que no correspondían con su capacidad financiera real. La investigación también señala que la aparente solidez económica de la sociedad estaba respaldada por un préstamo cercano a los 64.000 millones de pesos proveniente de otra compañía que, presuntamente, tampoco tenía la capacidad para realizar una operación de esa magnitud. Asimismo, Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink, registraba una deuda cercana a los 126.000 millones de pesos con Elephant Import & Export S.A.S., situación que ahora hace parte de las verificaciones judiciales.
Las autoridades estiman que el esquema investigado habría permitido el lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, además de un presunto enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones y operaciones de contrabando valoradas en más de 75.000 millones de pesos. Paralelamente, la DIAN ha realizado decomisos y aprehensiones de mercancía cuyo valor supera los 54.000 millones de pesos.
Dentro de este proceso, la Fiscalía mantiene medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y varias sociedades intervenidas en diferentes regiones del país, mientras avanza la investigación para determinar la responsabilidad de los implicados. Los procesados, por su parte, han rechazado los cargos y se declararon inocentes de los delitos que les fueron imputados.
