La Contraloría General de la República realizó un análisis al Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2027 y detectó una desfinanciación de $30.2 billones. Por esta razón hace un llamado a respaldar cada apropiación con ingresos ciertos o ajustar el gasto para preservar la sostenibilidad fiscal y asegurar que la discusión legislativa conduzca a un presupuesto técnicamente financiado, responsable y capaz de cumplir los compromisos del Estado.
Esta advertencia ha sido formulada de manera reiterada por la Contraloría durante las tres últimas vigencias presupuestales (PGN 2024,2025 y 2026), en las que ha identificado riesgos estructurales asociados a la financiación del presupuesto. En este contexto, ha insistido en que el Presupuesto General de la Nación debe sustentarse en ingresos ciertos y no sobre supuestos, que aumenten la inversión en vez de disminuirla y la necesidad de mantener coherencia entre el proyecto de presupuesto y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
En el trámite del Presupuesto General de la Nación 2026, el 19 de agosto de 2025, el ente de control advirtió que el principal riesgo fiscal del proyecto residía en la incertidumbre sobre las fuentes de financiación previstas. En esa oportunidad, señaló que el Gobierno Nacional volvió a planear el presupuesto con base en una reforma tributaria que no se materializó. Asimismo, llamó la atención sobre el crecimiento sostenido de los gastos de funcionamiento por encima del crecimiento esperado de la economía e instó a adoptar medidas más efectivas de racionalización y eficiencia del gasto público.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación del proyecto de presupuesto es que el gasto proyectado aumenta principalmente por el servicio de la deuda, mientras que los recursos destinados a la inversión y el funcionamiento permanecen prácticamente estancados. Esta composición incrementa la presión sobre las finanzas públicas y reduce el margen para impulsar el desarrollo.
De igual forma los ingresos estimados disminuyen frente a la vigencia anterior y cae la participación de los ingresos corrientes, lo que aumenta la dependencia de otras fuentes de financiación y exige mayor prudencia fiscal, sostenibilidad de las finanzas públicas y la suficiencia de los ingresos que respaldan el gasto proyectado.
Esta situación también genera un riesgo institucional para la Contraloría General de la República, en la medida en que la financiación de la planta de personal especializada en la vigilancia y control de los recursos del Sistema General de Regalías depende de estos mismos recursos. Una reducción de dicha fuente de financiación limitaría la capacidad operativa de este organismo de control para ejercer la vigilancia oportuna y efectiva sobre la gestión de estos fondos públicos.
Entre el 1 de septiembre de 2022 y el 1 de junio de 2026, la Contraloría General ha desplegado una intensa actividad de control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías, logrando la apertura de 706 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía superior a $2,014 billones, así como 677 indagaciones preliminares destinadas a esclarecer posibles afectaciones al patrimonio público. Igualmente, ha proferido 881 decisiones de fondo, reflejando el avance efectivo de las actuaciones fiscales. De estas decisiones, 293 corresponden a imputaciones de responsabilidad fiscal y 154 a fallos con responsabilidad fiscal por más de $273.838 millones. Esta gestión, además, ha permitido recuperar $85.000 millones en recursos de regalías y más de $5.000 millones en resarcimientos, resultados que evidencian el fortalecimiento de la capacidad institucional para investigar, determinar responsabilidades y proteger los recursos públicos.
La Contraloría ha auditado 2.028 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías y 4.791 solicitudes ciudadanas configurándose con ello 1.549 hallazgos fiscales por más de $4,4 billones. Además, se trasladaron a la Procuraduría General 2.140 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y 423 a la Fiscalía General de la Nación.
La mayor paradoja es evidente: cuando los recursos escasean y requieren mayor vigilancia, también se debilita la capacidad institucional para protegerlos. Una supervisión más tardía incrementa el riesgo de daño al patrimonio público.
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Fiscalía pone al descubierto presunto desvío de más de $3 billones en contratos con recursos de regalías
Trece personas fueron capturadas por su presunta participación en el direccionamiento de cerca de 480 contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de 3 billones de pesos en 19 departamentos del país.
La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un presunto esquema de corrupción que habría utilizado el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de 3 billones de pesos.
En diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Bogotá, Cartagena (Bolívar), Valledupar (Cesar), Sogamoso (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Villavicencio (Meta), fueron capturadas 13 personas, entre ellas el alcalde de María La Baja (Bolívar), el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista y exrepresentantes legales, así como exdirectores administrativo, financiero y ejecutivo, el revisor fiscal, el director técnico y supervisores del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’.
Los elementos materiales probatorios indican que funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos de infraestructura, educación, agua y saneamiento básico, deporte y recreación, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros.
La investigación permitió establecer que para ejecutar las acciones ilícitas habrían adoptado un manual de contratación propio mediante el cual, adjudicaban contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos.
Asimismo, se estableció que los contratos habrían sido direccionados mediante procesos presuntamente irregulares, soportados en documentos, actas y registros falsos que, al parecer, indujeron en error a distintas autoridades para evadir los controles sobre la contratación pública.
Durante la operación también fueron practicadas 15 diligencias de allanamiento y registro, en las que se incautaron equipos y documentos. La investigación incluyó seguimientos a los capturados, y el despliegue de 105 servidores de policía judicial.
En las próximas horas, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los capturados ante un juez de control de garantías para legalizar las capturas, formular imputación y solicitar la imposición de medidas de aseguramiento. De acuerdo con la participación atribuida a cada uno, la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
Esta acción judicial hace parte de los casos priorizados por el Grupo de Tareas Especiales creado para identificar y judicializar a los implicados en hechos de corrupción que comprometan recursos del Sistema General de Regalías (SGR), integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y otras dependencias de la entidad.
