El caso de presuntos hechos de corrupción protagonizados por una red al interior de la Caja de Compensación Familiar de Nariño (Comfamiliar) empieza a surtir sus etapas dentro de la cuerda procesal penal.
Hay que destacar que la Fiscalía General de la Nación, después de indicios y proceso de indagación y tras inferencia razonable de autoría o participación, solicitó a un juez de control de garantías orden de captura para la subdirectora Olga Alicia Vázquez Martínez, el exsecretario de gobierno de Nariño Edgar Isaza, la contadora Diana Marcela Salazar y la contratista Gloria Caicedo. Esto es lo que se conocía en medios hasta hoy; sin embargo, Nariño Noticias conoció en en las últimas horas que Olga Vázquez se allanó a los cargos imputados por parte de la Fiscalía en audiencia de formulación de imputación por los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.
De acuerdo con el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 del CPP, la imputada tendrá una rebaja de hasta la mitad de la pena por la aceptación de culpabilidad por los punibles que se le imputaron, como mecanismo de terminación anticipada del proceso. Ahora, este allanamiento pasa directamente al juez de conocimiento, quien desarrollará la dosificación de la pena y lectura de sentencia.
La defensa de Olga Alicia Vásquez la lidera el abogado penalista Mario Iguarán, quien ha estado desde el comienzo de las actuaciones de la Fiscalía hasta la audiencia de imputación garantizando los derechos fundamentales de defensa técnica, contradicción y dignidad humana de la persona procesada. Por otra parte, este medio conoció que a las cuatro personas capturadas hasta el momento por el caso de Comfamiliar de Nariño se les dictó medida de aseguramiento domiciliario.
La firma jurídica que representa a la contadora Diana Marcela Salazar, una de las vinculadas a este caso, es una de las más destacadas en Nariño en materia penal, administrativa y empresarial. Se trata de Muñoz y Palacios S.A.S., la cual ha llevado con rigurosidad la defensa técnica de la profesional contable imputada en este proceso.
Según expertos en materia penal, este caso dejaría a cerca de 19 personas más vinculadas a esta investigación, que tiene a ex directores, políticos y reconocidas figuras regionales en la mira de la jurisdicción penal y del órgano persecutor.
