La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la bancada del Pacto Histórico radicaron ante el Congreso de la República el proyecto de ley ‘Política Nacional de Gestión del Riesgo para las Víctimas Climáticas’, que busca cambiar la manera en que el Estado atiende a las comunidades afectadas por desastres, situaciones de riesgo inminente y desplazamiento forzado ambiental asociado al cambio climático.
El nuevo enfoque reconoce la gestión del riesgo como un derecho fundamental y a las familias y comunidades en condiciones de vulnerabilidad estructural como sujetos de especial protección.
En el ámbito institucional, la UNGRD evolucionaría hacia la Agencia Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático.
La iniciativa incorpora, además, el concepto de “víctima climática” para reconocer a las personas y comunidades afectadas por desastres asociados al cambio climático. Esta categoría complementaría los conceptos de afectado y damnificado, y orientaría acciones de adaptación, reparación y justicia climática.
“Este proyecto de ley reconoce a las víctimas climáticas como sujetos especiales de derechos y transforma la Unidad de Gestión del Riesgo en una agencia. Es un cambio fundamental en el enfoque de derechos para proteger a las poblaciones vulnerables frente a los riesgos y desastres, y esperamos que haga parte del Acuerdo Nacional”, señaló Carolina Corcho, senadora del Pacto Histórico.
La nueva Agencia Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático asumiría la coordinación técnica de la política, mientras que los ministerios y demás sectores ejecutarían directamente la reconstrucción de infraestructura, de acuerdo con sus competencias.
Asimismo, la nueva entidad orientaría y aprobaría técnicamente los Planes de Acción Específicos (PAE), además de hacer seguimiento a su ejecución. La propuesta contempla el cierre y la liquidación del Fondo Adaptación y de Nasa Kiwe para evitar la duplicidad de funciones.
Al respecto Javier Pava, director de la UNGRD, informó que este proyecto de ley es un legado del Gobierno del Cambio y del presidente Gustavo Petro para enfrentar la crisis climática.
“Busca resolver problemas estructurales de la Ley 1523, fortalecer las capacidades de las entidades territoriales como primeros respondientes y reconocer a los damnificados, las familias expuestas a riesgo inminente y los desplazados climáticos como víctimas climáticas que requieren protección y restitución de derechos”, explicó.
En materia de respuesta y recuperación, se plantea implementar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, una metodología que incorpora las pérdidas, los riesgos asociados y los impactos. También se establece un límite de 12 meses para las declaratorias y la emisión de un concepto técnico sectorial de normalidad para cerrar las emergencias.
El enfoque territorial incorpora representantes de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y el pueblo Rrom en los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo, además de instancias propias de coordinación en los territorios indígenas y colectivos NARP.
El conocimiento tradicional, las señales de alerta comunitarias y la memoria local se integrarían con la evidencia científica y técnica. Asimismo, la información deberá estar disponible en lenguas nativas y en formatos culturalmente apropiados.
Entre el 1 de enero de 2022 y el 9 de junio de 2026, la Central de Información y Telemática de la UNGRD (CITEL) registró 28.924 eventos en su consolidado de emergencias y desastres. En ese periodo, 4.861.815 personas resultaron afectadas, correspondientes a 1.146.292 familias. Además, se registraron 20.061 viviendas destruidas, 385.713 averiadas y 1.235.853 hectáreas afectadas.
Los incendios forestales representaron el 50 % de los eventos, seguidos por los movimientos en masa, con el 15,7 %, y las inundaciones, con el 10,5 %. Aproximadamente el 87 % de estos eventos estuvo asociado a condiciones climáticas.
El proyecto también plantea eliminar el término «naturales» de las referencias a los desastres, de manera que las disposiciones normativas se refieran simplemente a «desastres».
La corresponsabilidad entre el Estado, la ciudadanía, el sector privado y las comunidades se mantiene como principio de la gestión del riesgo, sin trasladar a otros actores las obligaciones que constitucionalmente le corresponden al Estado.
El alcance definitivo de la propuesta dependerá del trámite que adelante el Congreso de la República.
