Veeduría pidió a entes de control revisar la designación de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado de Ecopetrol

La organización de inspección ciudadana sostuvo que recibió información y denuncias de distintas fuentes sobre posibles relaciones, intereses o circunstancias alrededor del nombramiento

La Veeduría por la Verdad y la Justicia pidió el 28 de julio revisar la designación de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado de Ecopetrol, al advertir posibles conflictos de interés en un cargo que vuelve a asumir desde el 31 de julio y que implica decisiones sobre una ejecución presupuestal cercana a 80 billones de pesos.

La solicitud fue dirigida a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República. También incluyó un requerimiento a la junta directiva de la petrolera estatal para que explique los criterios usados en la designación y precise quién presentó o respaldó la hoja de vida del directivo.

La organización de inspección ciudadana sostuvo que recibió información y denuncias de distintas fuentes sobre posibles relaciones, intereses o circunstancias alrededor del nombramiento. Agregó que, si las autoridades corroboran esos datos, podrían quedar comprometidas la transparencia, la independencia administrativa y la protección del patrimonio público.

La veeduría afirmó además que la hoja de vida de Hurtado “habría sido presuntamente impulsada por personas relacionadas públicamente con el denominado cartel de los catalanes”. En su pronunciamiento pidió que las autoridades revisen “si existen conflictos de interés o cualquier circunstancia que pueda comprometer la transparencia en la administración de la compañía, que ahora volvió a manos de Ricardo Roa”.

Hurtado estuvo al frente de la estatal entre abril y julio y regresará el 31 de julio

El reclamo busca que los organismos de control determinen si existen eventuales conflictos de interés, vínculos o cualquier otra circunstancia que afecte la independencia de la administración de Ecopetrol o el manejo de los recursos públicos por parte de Hurtado. De acuerdo con la denuncia citada por el medio, el directivo estuvo al frente de la empresa entre el 7 de abril y el 27 de julio, y volverá a ejercer el encargo desde el 31 de julio.

La organización precisó que solo las autoridades competentes pueden verificar la veracidad de la información sobre una presunta recomendación de personajes como Manuel Grau, mencionado en esas denuncias. También señaló que corresponde a esos organismos establecer si los presuntos vínculos existen y si tienen relevancia jurídica o disciplinaria para Hurtado.

Hasta ahora, el directivo no ha emitido un pronunciamiento público. La veeduría sostuvo que la revisión no solo debe abarcar el nombramiento, sino también las condiciones en que fue adoptado y la posible participación de actores externos en decisiones internas de la compañía.

En su comunicación, el colectivo ciudadano también aludió a denuncias sobre la presunta influencia de ciudadanos españoles en nombramientos clave y contratos multimillonarios dentro de la estatal petrolera. Ese planteamiento se suma a advertencias previas de la Red de Veedurías de Colombia, que igualmente pidió a los entes de control investigar esos vínculos y la contratación reciente en la recta final del Gobierno.

La petición también incluye revisar contratos recientes y crear un equipo independiente en el empalme

La solicitud no se limitó al caso del presidente encargado. La organización elevó además una petición formal para revisar la legalidad y la transparencia de procesos contractuales recientes en la empresa, en medio de las alertas que, según la publicación, ya habían encendido el debate público.

En el cierre del comunicado, la veeduría pidió al Ejecutivo entrante, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, que las decisiones sobre la dirección de la petrolera respondan a criterios de mérito, transparencia, independencia y protección del patrimonio público. Al mismo tiempo, reclamó respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales de las personas involucradas.

La organización también propuso la creación de un equipo independiente durante el empalme presidencial para proteger el patrimonio público de la compañía. La revisión de la designación de Hurtado y de los procesos contractuales recientes quedó, según ese planteamiento, en manos de las autoridades de control.

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