Los habitantes de la vereda Runta, ubicada en el sector Runta Bajo de Tunja, elevaron una fuerte queja comunitaria. La vecindad protesta ante el total abandono de las obras civiles de optimización vial en su territorio. Por lo tanto, los residentes denuncian que la firma contratista Don Matías interrumpió abruptamente las actividades de pavimentación. Esto ocurrió tras ejecutar apenas dos semanas de labores de remoción de tierra.
Por esta razón, el proyecto de infraestructura vial quedó completamente paralizado en la zona rural. El plan se financiaba mediante el mecanismo de presupuestos participativos por un monto superior a los trescientos millones de pesos. La obra pretendía aplicar una carpeta asfáltica definitiva sobre un corredor estratégico para la conectividad agropecuaria. Sin embargo, la compañía retiró sus cuadrillas dejando excavaciones abiertas y lagunas artificiales de lodo.
Presunto manejo irregular de material hurtado en la obra
En primer lugar, la indignación colectiva aumentó al registrarse presuntas irregularidades con el manejo de los materiales. Los líderes de la Junta de Acción Comunal denunciaron una arbitrariedad de los operarios de la firma contratista. Los trabajadores trituraron la antigua capa de rodadura adquirida previamente por los campesinos mediante aportes comunitarios de cinco millones de pesos. Posteriormente, procedieron a venderla ilegalmente a terceros.
En consecuencia, esta reprochable acción dejó el acceso vecinal completamente intransitable y propenso a hundimientos de la banca. Las intensas lluvias empeoraron las profundas troneras que ya generaron múltiples accidentes viales en la ruta. El terreno causó el volcamiento de un camión recolector de basura y la caída de varios motociclistas locales. Asimismo, las excavaciones informales rompieron las tuberías matrices del acueducto y alcantarillado, obligando a las familias a reparar los daños con herramientas propias.
Colapso inminente del transporte público y parálisis económica
Por otra parte, la degradación del terreno amenaza con aislar comercialmente a la zona rural debido a restricciones viales. Los conductores de las busetas afiliadas a la empresa Hunza manifestaron que suspenderán las rutas permanentes hacia el sector. Los transportadores tomarán esta medida si la Secretaría de Infraestructura prolonga la desatención, argumentando daños severos en los vehículos.
Finalmente, el ciudadano Alberto Ortega lidera la denuncia pública ante la total pasividad de los ingenieros encargados de la obra. La comunidad radicó un derecho de petición ante la administración municipal el pasado veintiséis de junio de 2026. Sin embargo, las dependencias oficiales completan semanas sin emitir respuestas técnicas o planes de contingencia. Por consiguiente, los damnificados exigen auditorías fiscales inmediatas a la firma ejecutora antes de que el colapso vial incomunique por completo a la vereda.
