El Gobierno nacional dejará radicado ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley que busca prohibir definitivamente la exploración y explotación de hidrocarburos mediante fracking y otras técnicas aplicadas a yacimientos no convencionales en Colombia, una de las principales promesas ambientales impulsadas durante la administración del presidente Gustavo Petro.
La iniciativa pretende convertirse en uno de los últimos grandes legados ambientales del actual Gobierno y busca cerrar de manera definitiva la posibilidad de desarrollar este tipo de explotación en el país, en medio de un debate que por años ha dividido a expertos, empresarios, comunidades y sectores políticos.
¿Qué es el fracking y por qué genera tanta controversia?
El fracking, conocido técnicamente como fracturamiento hidráulico multietapa, consiste en la inyección de grandes cantidades de agua, arena y aditivos químicos a alta presión para fracturar formaciones rocosas profundas y liberar petróleo o gas natural atrapados en ellas.
Quienes se oponen a esta práctica sostienen que puede generar:
- Riesgos de contaminación de fuentes hídricas.
- Aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Posibles impactos sobre ecosistemas estratégicos y biodiversidad.
- Conflictos sociales en las regiones donde se desarrollan proyectos extractivos.
Diversas organizaciones ambientales y comunidades de departamentos como Santander, Cesar y Magdalena Medio han mantenido una fuerte oposición al fracking durante la última década.
Por otro lado, sectores de la industria petrolera argumentan que la técnica podría aumentar las reservas de hidrocarburos del país, mejorar la seguridad energética y generar importantes ingresos fiscales.
Una promesa de campaña que busca consolidarse
Desde la campaña presidencial de 2022, Gustavo Petro y varios integrantes de su coalición manifestaron su intención de impedir el desarrollo del fracking en Colombia, señalando que el país debe avanzar hacia una transición energética basada en energías renovables y una menor dependencia de los combustibles fósiles.
De hecho, varios proyectos similares han sido radicados en el Congreso en los últimos años; sin embargo, ninguno ha logrado convertirse en ley debido a la falta de consensos políticos y a las diferencias entre las bancadas.
La nueva iniciativa busca superar esos obstáculos mediante un proyecto respaldado directamente por el Ejecutivo y presentado con mensaje de urgencia, lo que permitiría acelerar su discusión legislativa.
Los argumentos del Gobierno
El Ministerio de Ambiente ha defendido la prohibición del fracking bajo varios argumentos:
Protección de ecosistemas estratégicos
Según el Gobierno, la técnica representa un riesgo para acuíferos, cuencas hidrográficas y territorios con alta biodiversidad.
Cumplimiento de compromisos climáticos
La administración Petro sostiene que la expansión de los combustibles fósiles es incompatible con las metas internacionales de reducción de emisiones y con los compromisos asumidos por Colombia frente al cambio climático.
Transición energética
El Ejecutivo considera que el país debe dirigir sus inversiones hacia energías limpias y reducir progresivamente su dependencia de la explotación petrolera.
Incluso el presidente Petro ha solicitado revisar las operaciones relacionadas con fracking que mantiene Ecopetrol en Estados Unidos, argumentando que los recursos deberían orientarse hacia proyectos sostenibles.
Las preocupaciones del sector energético
La industria petrolera y algunos analistas económicos han expresado preocupación frente a una eventual prohibición definitiva.
Entre los principales argumentos se encuentran:
- Colombia posee reservas limitadas de petróleo y gas.
- El país podría aumentar su dependencia de las importaciones energéticas.
- Menores ingresos por regalías e impuestos.
- Posibles afectaciones al empleo en regiones productoras.
Algunos expertos consideran que el fracking podría servir como una fuente de transición mientras se consolidan nuevas fuentes de energía. Sin embargo, otros señalan que los riesgos ambientales y sociales superan los beneficios económicos.
Un debate que sigue dividiendo al país
El tema continúa generando fuertes posiciones en la opinión pública.
Mientras organizaciones ambientales y movimientos ciudadanos celebran la intención del Gobierno de cerrar definitivamente la puerta al fracking, otros sectores consideran que la decisión podría limitar opciones para garantizar la seguridad energética de Colombia en el mediano plazo.
Las manifestaciones contra esta práctica se han registrado en múltiples regiones del país y han convertido al fracking en uno de los debates ambientales más importantes de los últimos años.
¿Qué sigue ahora?
Una vez radicado el proyecto, este deberá surtir los debates correspondientes en el Congreso de la República.
Para convertirse en ley, la iniciativa necesitará el respaldo de las mayorías legislativas, un escenario que históricamente ha resultado complejo debido a las divisiones políticas y económicas que rodean el tema.
No obstante, la radicación del proyecto representa un nuevo intento del Gobierno por dejar consolidada una de sus principales banderas ambientales antes del cambio de mandato y marcar el rumbo de la política energética colombiana durante los próximos años.
