La publicación de los balances pone fin a años de incertidumbre
La revelación de los estados financieros de Nueva EPS correspondientes a 2023 y 2024 ha destapado una de las mayores crisis financieras registradas en el sistema de salud colombiano. Después de varios años de cuestionamientos por la ausencia de información financiera consolidada, los documentos muestran un panorama crítico para la EPS más grande del país, que atiende a más de 11 millones de afiliados.
Las cifras reveladas indican pérdidas acumuladas cercanas a los 6,1 billones de pesos, pasivos superiores a los 22 billones de pesos y un patrimonio negativo que supera los 10 billones de pesos, situación que ha generado nuevas tensiones entre el Gobierno nacional, la oposición y los distintos actores del sector salud.
¿Qué ocurrió con Nueva EPS?
La crisis de la entidad no surgió de manera repentina. Diversos informes y denuncias han señalado que durante años existieron problemas relacionados con la contabilización de facturas, retrasos en el reconocimiento de obligaciones y crecientes deudas con clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro intervino la EPS en abril de 2024 argumentando la necesidad de proteger la atención de millones de usuarios y esclarecer la verdadera situación financiera de la entidad. Según el mandatario, la intervención permitió descubrir millones de facturas que no habían sido registradas oportunamente, alterando la percepción real del estado económico de la compañía.
Petro ha sostenido públicamente que la crisis actual evidencia problemas estructurales previos y que la intervención permitió sacar a la luz obligaciones ocultas durante años. Sin embargo, sectores de oposición consideran que la situación de la entidad también se agravó durante el proceso de intervención estatal y cuestionan la falta de transparencia en la presentación de los balances.
Las cifras que preocupan al sistema de salud
Los estados financieros muestran que durante 2024 la entidad recibió ingresos cercanos a los 22,2 billones de pesos, mientras que los costos asociados a la prestación de servicios de salud superaron los 26 billones, generando pérdidas cercanas a los 4,8 billones de pesos en un solo año.
Asimismo, los documentos revelan:
- Activos aproximados: $10,6 billones.
- Pasivos: más de $22,5 billones.
- Patrimonio negativo: alrededor de $11,9 billones.
- Cuentas por cobrar al Estado y otras entidades: más de $9 billones.
Estas cifras han incrementado la preocupación sobre la capacidad de la EPS para garantizar la continuidad de los servicios médicos y el pago a la red hospitalaria.
La controversia por los «estados financieros ocultos»
Uno de los principales puntos de discusión ha sido el retraso en la publicación de los balances financieros correspondientes a las vigencias recientes. Organismos de control y sectores políticos habían advertido desde hace meses sobre la ausencia de esta información, argumentando que impedía conocer la verdadera dimensión de la crisis.
La administración actual de la EPS ha señalado que la demora obedeció a la necesidad de revisar y conciliar millones de facturas acumuladas desde años anteriores, algunas de ellas correspondientes a servicios prestados desde 2008.
No obstante, críticos del Gobierno han cuestionado la credibilidad de los nuevos balances y han pedido auditorías independientes para determinar el origen exacto del deterioro financiero.
El impacto sobre pacientes y prestadores
La delicada situación financiera de Nueva EPS ya ha tenido efectos sobre clínicas, hospitales y operadores farmacéuticos. Varias instituciones han denunciado retrasos en pagos y dificultades para continuar prestando servicios debido al crecimiento de las cuentas por cobrar.
Asimismo, el cambio de operadores para la entrega de medicamentos y las dificultades de liquidez han generado preocupación entre millones de usuarios, especialmente pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo, quienes dependen de la continuidad en sus tratamientos.
¿Qué falta por conocer?
Aunque la publicación de los estados financieros de 2023 y 2024 representa un avance en materia de transparencia, todavía está pendiente la entrega de los estados correspondientes a 2025, los cuales podrían ofrecer una visión más clara sobre el efecto real de la intervención gubernamental y las medidas implementadas para estabilizar la entidad.
El futuro de Nueva EPS será determinante para el sistema de salud colombiano, debido al enorme número de afiliados que dependen de la entidad y al impacto que su situación financiera puede tener sobre clínicas, hospitales y proveedores en todo el país.
Un debate que sigue abierto
La crisis de Nueva EPS se ha convertido en uno de los principales escenarios del debate nacional sobre el futuro del sistema de salud. Mientras el Gobierno sostiene que la intervención permitió revelar problemas históricos y avanzar hacia una mayor transparencia, sus críticos afirman que aún existen interrogantes sobre la gestión de la entidad y la sostenibilidad del modelo actual.
Lo cierto es que las cifras conocidas hasta ahora muestran un panorama financiero extremadamente complejo y dejan abierta una pregunta fundamental: si la mayor EPS del país podrá recuperar su estabilidad o si Colombia enfrentará una transformación aún más profunda de su sistema de aseguramiento en salud.
