La Fiscalía General de la Nación aplazó para agosto de 2026 la diligencia de indagatoria a la que había sido citado el expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de la investigación que busca establecer posibles responsabilidades relacionadas con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en el departamento de Antioquia durante la década de los noventa. La decisión también involucra investigaciones por la presunta conformación de estructuras paramilitares en San Roque y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La diligencia estaba inicialmente programada para el 24 de julio, pero finalmente fue reprogramada para los días 18, 19 y 20 de agosto, luego de una solicitud presentada por la defensa del exmandatario. Según la información conocida, la defensa argumentó la necesidad de contar con más tiempo para revisar el voluminoso expediente y preparar adecuadamente su estrategia jurídica.
¿Qué hechos investiga la Fiscalía?
La investigación gira alrededor de algunos de los episodios más graves del conflicto armado colombiano en Antioquia.
La masacre de La Granja
La masacre de La Granja ocurrió en junio de 1996 en el corregimiento del mismo nombre, ubicado en el municipio de Ituango. Integrantes de grupos paramilitares asesinaron a varios habitantes y generaron un ambiente de terror que derivó en desplazamientos forzados de la población civil.
La masacre de El Aro
Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionaron en el corregimiento de El Aro, también en Ituango. Durante varios días fueron asesinados campesinos, se registraron torturas, saqueos e incendios de viviendas, además del desplazamiento de decenas de familias. Diversos organismos nacionales e internacionales han considerado estos hechos como una de las peores tragedias humanitarias ocurridas en Antioquia durante el conflicto armado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por estos hechos y reconoció fallas en la protección de la población civil. En diciembre de 2022, el Gobierno colombiano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pidió perdón a las víctimas de las masacres de El Aro y La Granja.
¿Por qué se relaciona a Álvaro Uribe con la investigación?
Los hechos investigados ocurrieron cuando Álvaro Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. La Fiscalía busca determinar si existieron omisiones, conocimiento previo o posibles vínculos indirectos con la actuación de grupos paramilitares en la región.
Durante los últimos años, exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso han rendido testimonios ante diferentes instancias judiciales en los que han mencionado presuntas relaciones entre estructuras armadas ilegales y sectores políticos y estatales de la época. Sin embargo, dichas declaraciones hacen parte del acervo probatorio que aún debe ser valorado judicialmente y no constituyen una condena ni una determinación definitiva de responsabilidad.
Uribe ha rechazado de manera reiterada todas las acusaciones y sostiene que se trata de señalamientos infundados. El exmandatario ha insistido en que durante su administración departamental combatió a los grupos armados ilegales y que las investigaciones obedecen a persecuciones políticas y judiciales.
El caso de Jesús María Valle
La investigación también incluye el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en 1998.
Valle había denunciado públicamente la presencia y expansión del paramilitarismo en Antioquia, así como presuntas omisiones de autoridades frente a la violencia en municipios como Ituango. Su homicidio ha sido considerado un crimen emblemático contra defensores de derechos humanos en Colombia y, años después, la justicia reconoció que sus advertencias sobre la situación en la región tenían fundamento.
¿Qué sigue en el proceso?
Con el aplazamiento, la Fiscalía fijó las nuevas fechas de indagatoria para agosto. En esta etapa procesal, el expresidente tendrá la oportunidad de rendir su versión sobre los hechos, responder a los cuestionamientos de los investigadores y presentar los argumentos de su defensa.
La indagatoria no implica una declaración de culpabilidad ni una imputación automática de cargos. Se trata de una diligencia orientada a recaudar información y garantizar el derecho de defensa del investigado dentro del proceso penal. Posteriormente, la Fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia nuevas actuaciones judiciales o adoptar otras decisiones procesales.
Un proceso con alto impacto político y judicial
La citación y posterior aplazamiento de la indagatoria se produce en medio de uno de los momentos judiciales más complejos para Álvaro Uribe, quien enfrenta distintos procesos en la justicia colombiana.
Debido al peso político del exmandatario y a la trascendencia histórica de las masacres investigadas, el caso ha generado reacciones tanto de sectores que consideran que las víctimas merecen verdad y justicia, como de quienes sostienen que las acusaciones carecen de sustento y responden a intereses políticos.
El desarrollo de esta investigación podría convertirse en uno de los capítulos judiciales más relevantes de la historia reciente de Colombia, debido a la importancia de esclarecer las responsabilidades alrededor de hechos que marcaron profundamente a las comunidades de Antioquia y al país en general.
