La extradición de alias ‘Chiquito Malo’ y el freno a los diálogos con la Segunda Marquetalia sellan el fracaso de la política con la que el Ejecutivo buscó negociar el fin del conflicto.
EL FIN DE LOS ACERCAMIENTOS

Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’, comandante del Clan del Golfo.
A poco más de un mes de concluir su mandato, el presidente Gustavo Petro dio un golpe que simboliza el cierre de uno de los capítulos más controvertidos de su administración. Desde Italia anunció la reactivación de la orden de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’, máximo jefe del Clan del Golfo, al argumentar que el proceso perdió su principal requisito: la confianza entre las partes. Con esta decisión, el Gobierno rompe definitivamente el camino que había construido durante meses con la organización criminal más poderosa del país, luego de haber impulsado acercamientos, suspendido órdenes de captura para algunos de sus integrantes y proyectado el traslado gradual de centenares de combatientes a Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó. Sin embargo, las recientes capturas de cabecillas, los incumplimientos denunciados por el Ejecutivo y el deterioro de las conversaciones terminaron por revertir la estrategia.
LOS LÍMITES DEL CONSEJO DE ESTADO

Otty Patiño, alto comisionado para la Paz.
El panorama para la política de ‘paz total’ también recibió un fuerte revés desde la rama judicial. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que autorizaba la instalación de la mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia, al considerar que esta organización no puede ser tratada como un grupo armado con estatus político sino como una estructura criminal de alto impacto. Para el alto tribunal, la Ley 2272 de 2022 establece diferencias claras entre las organizaciones con las que es posible negociar políticamente y aquellas cuyos integrantes, tras haberse desmovilizado en el pasado, reincidieron en actividades delictivas. En este escenario, Otty Patiño Hormaza, alto comisionado para la Paz, quedó como uno de los principales defensores de la estrategia gubernamental de negociación con las estructuras armadas, una política que hoy enfrenta crecientes cuestionamientos jurídicos y políticos. La decisión representa un duro cuestionamiento a la interpretación utilizada por el Gobierno para impulsar algunos de los procesos de diálogo y podría tener efectos sobre otras mesas instaladas bajo criterios similares.
EL BALANCE DE LA «PAZ TOTAL»

Iván Márquez, máximo líder de la Segunda Marquetalia.
El rompimiento de las conversaciones con el Clan del Golfo y la suspensión judicial de los diálogos con la Segunda Marquetalia reflejan el complejo desenlace de la política de ‘paz total’, la principal apuesta del Gobierno Petro en materia de seguridad. Aunque la estrategia buscó abrir canales de negociación para reducir la violencia, durante cuatro años enfrentó interrupciones, cuestionamientos jurídicos, incumplimientos, divisiones entre las estructuras armadas y escasos avances en desmovilización. Con el cambio de gobierno cada vez más cercano y una nueva política de seguridad anunciada por la administración entrante, los principales procesos de diálogo quedan prácticamente desarticulados, dejando una iniciativa que concluye sin consolidar las transformaciones estructurales planteadas al inicio del cuatrienio ni los resultados esperados.



