La implementación del Acuerdo de Paz continúa avanzando con la justicia como uno de sus principales pilares. Así quedó evidenciado durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada en Valledupar por el Ministerio de Justicia y del Derecho, donde se presentaron los principales logros alcanzados para acercar la oferta institucional a las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
Durante el encuentro, la cartera, liderada por el ministro Jorge Iván Cuervo, destacó que la implementación del Acuerdo ha permitido consolidar la justicia como una herramienta para la reparación, la resolución de conflictos y la construcción de oportunidades en los territorios.
Uno de los avances más relevantes expuestos fue la consolidación de la Jurisdicción Agraria y Rural, contemplada en el Acuerdo de Paz para resolver de manera ágil y especializada los conflictos relacionados con la tierra. El viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Dueñas, señaló que el propósito de esta jurisdicción es acercar la justicia al campo, proteger los derechos del campesinado y garantizar soluciones oportunas con enfoque territorial.
El Ministerio también resaltó el fortalecimiento de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, que promueven la conciliación, la mediación y los acuerdos comunitarios como mecanismos para resolver diferencias sin acudir a la violencia.
«Cuando el diálogo avanza, la paz se fortalece», afirmó Dueñas, al destacar que estas herramientas contribuyen a transformar conflictos familiares, vecinales y comunitarios, además de impulsar una mayor participación de las mujeres en la solución pacífica de controversias relacionadas con el territorio y la tenencia de la tierra.
Otro de los ejes destacados fue el reconocimiento de los sistemas de justicia propios de los pueblos étnicos. Durante 2025, un total de 115 pueblos indígenas participaron en espacios de concertación; más de 79 fueron beneficiados mediante el Banco de Iniciativas y Proyectos, y se respaldaron 231 iniciativas orientadas al fortalecimiento de la justicia propia en distintas regiones del país, beneficiando a más de 1,9 millones de personas indígenas.
Por su parte, el viceministro (e) de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan David Villalba, recordó que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas surgió como respuesta a una demanda histórica de las víctimas y de las organizaciones sociales que reclamaban una acción más articulada del Estado.
Explicó que el Ministerio lideró la puesta en marcha del Sistema mediante el Decreto 532 de 2024 y que posteriormente avanzó en la reglamentación de la Ley de Mujeres Buscadoras con el Decreto 063 de 2026, una norma que reconoce y protege los derechos de quienes lideran la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
«Más de 600 mujeres buscadoras participaron en la construcción de este decreto. Su voz, durante mucho tiempo invisibilizada, hoy ocupa un lugar central en las decisiones del Estado», destacó Villalba.
Durante la audiencia también se presentaron las acciones de apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente en la implementación de las sanciones propias y el desarrollo de proyectos restaurativos, mediante los cuales quienes participaron en el conflicto contribuyen a reparar a las comunidades afectadas y fortalecer los procesos de reconciliación y reconstrucción del tejido social.
El Ministerio de Justicia concluyó que estos avances reflejan una justicia más cercana a los territorios, con mayor presencia institucional y capacidad para responder a las necesidades de las comunidades, contribuyendo así a la consolidación de una paz estable y duradera.
