Una creciente inconformidad ciudadana se vive en el sector Kilómetro Dos y Medio, zona rural de Puerto Boyacá, donde habitantes y líderes comunales denunciaron presuntas irregularidades dentro de la Junta de Acción Comunal. La situación escaló tras una auditoría institucional y podría terminar en acciones judiciales.
La tensión institucional aumentó en el sector Kilómetro Dos y Medio de Puerto Boyacá luego de que varios habitantes denunciaran presuntas anomalías administrativas dentro de la Junta de Acción Comunal, situación que abrió un fuerte debate sobre transparencia, representación y cumplimiento de las normas que regulan estas organizaciones comunitarias.
Las denuncias son lideradas por José Luis Montero, conocido entre la comunidad como “Cheoo”, quien asegura que desde hace varios meses ha solicitado información relacionada con el funcionamiento interno de la organización sin obtener respuestas claras ni acceso completo a la documentación requerida.
Según el denunciante, la preocupación comenzó a crecer después de observar dificultades para conocer decisiones administrativas y revisar documentos considerados fundamentales para garantizar el control ciudadano sobre la gestión comunal.
La situación tomó mayor relevancia luego de una visita realizada el pasado 15 de mayo por funcionarios de Inspección de Vigilancia y Control de la Gobernación de Boyacá. De acuerdo con lo manifestado por la comunidad, durante la revisión se habrían identificado inconsistencias dentro del libro oficial de actas.
Entre las observaciones reportadas aparecen presuntas alteraciones documentales como tachaduras y sobreescrituras que, según los denunciantes, generan cuestionamientos sobre la trazabilidad de algunas decisiones internas adoptadas por la organización.
Adicionalmente, habitantes señalaron que durante el procedimiento también habría quedado en evidencia la ausencia de algunos documentos institucionales necesarios para los procesos de control y verificación administrativa.
Ante este panorama, Montero indicó que presentó un derecho de petición el pasado 19 de mayo con el propósito de obtener copias oficiales y acceder a información relacionada con la administración comunal. Sin embargo, asegura que hasta el momento no recibió respuesta dentro de los términos establecidos.
Otro de los puntos que alimenta la controversia está relacionado con presuntos incumplimientos frente a los requisitos territoriales que deben cumplir quienes ejercen cargos directivos dentro de este tipo de organizaciones.
Los denunciantes sostienen que algunos dignatarios no residirían permanentemente dentro del territorio que representan, situación que —afirman— debería ser revisada por las autoridades competentes para determinar si existe o no incumplimiento normativo.
Frente a este escenario, habitantes anunciaron que evalúan acudir a mecanismos judiciales para solicitar respuestas institucionales y garantizar el acceso a la información.
Mientras se esperan pronunciamientos oficiales y eventuales decisiones administrativas, la comunidad insiste en que el objetivo principal es recuperar la confianza y asegurar que los procesos comunales se desarrollen con transparencia.
