La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su preocupación por lo que considera una escalada de ataques y señalamientos por parte del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y miembros de su campaña contra periodistas y medios de comunicación. Según la organización, estas acciones buscan desacreditar investigaciones periodísticas relacionadas con la candidatura y representan una amenaza para la libertad de prensa, el debate democrático y el derecho de la ciudadanía a recibir información independiente.
La alerta de la FLIP se produjo pocos días antes de la segunda vuelta presidencial, luego de que un medio nacional publicara una investigación sobre un presunto pago de 1.299 millones de pesos a una empresa fantasma. A raíz de esa publicación, la organización denunció que el candidato y su equipo respondieron con acusaciones contra el medio y los periodistas involucrados, en lugar de limitarse a controvertir la información mediante los mecanismos habituales de rectificación o defensa.
Uno de los principales puntos señalados por la FLIP fue la actuación del abogado de la campaña, Germán Calderón España, quien junto con el candidato aseguró que el medio Cambio había difundido información falsa, aunque sin presentar pruebas que respaldaran esa acusación. Además, en nombre del movimiento político “Defensores de la Patria”, enviaron una solicitud de rectificación en la que afirmaban que la publicación formaba parte de un supuesto intento por influir en los resultados electorales.
La organización también cuestionó el lenguaje utilizado en esa comunicación, donde se calificó al periodista Daniel Coronell como un “activista ideológico de izquierda”. Asimismo, se advirtió sobre la intención de emprender acciones judiciales contra el medio si este no atendía las exigencias de la campaña. Posteriormente, Calderón España publicó mensajes y videos en redes sociales acusando a periodistas de haber atacado al candidato desde el inicio de la contienda electoral. Incluso llegó a afirmar que el director de Cambio, Federico Gómez Lara, podría ser “éticamente responsable indirectamente” de ciertos delitos, declaración que la FLIP considera especialmente grave.
Además de estos hechos, la Fundación recordó unas declaraciones realizadas por De la Espriella durante una entrevista televisiva en las que sostuvo que algunos periodistas hacen proselitismo político y afirmó que “a esos no les va a ir bien en mi gobierno”. Para la FLIP, este tipo de afirmaciones resultan preocupantes porque sugieren que un eventual gobierno podría tratar de manera diferente a periodistas dependiendo de cómo valore su trabajo o sus opiniones. La organización considera que esa postura es incompatible con los principios democráticos, que exigen garantizar la libertad de expresión y de prensa sin discriminaciones.
La FLIP sostiene que estos hechos no son aislados, sino que hacen parte de un patrón más amplio de estigmatización hacia la prensa. Según su análisis, dicho patrón incluye descalificaciones públicas, acusaciones de supuestas agendas políticas ocultas, cuestionamientos a la independencia de periodistas y medios, así como intentos de desacreditar investigaciones periodísticas de interés público. La organización recordó que, junto con otras entidades de la sociedad civil, ha pedido en varias ocasiones al candidato que se abstenga de realizar este tipo de señalamientos y que reconozca la importancia de la labor crítica y de vigilancia que cumplen los medios de comunicación en una democracia.
Otro aspecto que preocupa a la FLIP es el impacto que estos discursos pueden tener sobre la confianza de la ciudadanía en la prensa. La organización advierte que presentar a periodistas y medios como actores políticos que actúan coordinadamente para perjudicar a una candidatura puede debilitar la credibilidad de la información periodística y deteriorar el debate público. Aunque reconoce que cualquier figura política tiene derecho a cuestionar informaciones que considere erróneas y a utilizar mecanismos legales para hacerlo, enfatiza que esas herramientas no deben transformarse en formas de presión, intimidación o silenciamiento.
La Fundación también expresó inquietud por los ataques dirigidos contra organizaciones que defienden la libertad de expresión. A su juicio, desacreditar a estas entidades afecta el trabajo que realizan para documentar agresiones contra periodistas y brindar acompañamiento a quienes enfrentan riesgos por ejercer su profesión.
Finalmente, la FLIP denunció un hecho ocurrido el 18 de junio, cuando una cuenta identificada como simpatizante de la campaña publicó información sobre un desplazamiento que realizaría el periodista Daniel Coronell. La organización calificó esta acción como un caso de doxxing, una práctica que consiste en divulgar información personal o de ubicación de una persona sin su consentimiento. Según la Fundación, este tipo de conductas constituyen una forma de violencia digital porque pueden derivar en amenazas, hostigamientos o agresiones físicas, además de generar un efecto de intimidación sobre el ejercicio periodístico.
Por esta razón, la FLIP rechazó públicamente la divulgación de esos datos, solicitó a la Policía Nacional de Colombia adoptar medidas de protección para Coronell y pidió a la Unidad Nacional de Protección que considere estos hechos dentro de sus evaluaciones de riesgo. Asimismo, instó a Abelardo de la Espriella a condenar públicamente este tipo de acciones, argumentando que los mensajes de los líderes políticos pueden influir en el comportamiento de sus seguidores y contribuir, de manera indirecta, a escenarios de violencia o censura contra periodistas.
En conclusión, la FLIP considera que las declaraciones y actuaciones de Abelardo de la Espriella y miembros de su campaña constituyen un riesgo para la libertad de prensa porque buscan desacreditar investigaciones periodísticas, cuestionar la independencia de los medios y generar un ambiente de intimidación hacia periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión. La Fundación advierte que estas prácticas pueden afectar la calidad del debate democrático y la capacidad de los ciudadanos para acceder a información libre e independiente.
