La Ley de Garantías Electorales continuará vigente en Colombia hasta el próximo 21 de junio de 2026, fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial. La normativa, establecida por la Ley 996 de 2005, tiene como objetivo garantizar la transparencia del proceso democrático y evitar que los recursos públicos sean utilizados para favorecer campañas políticas.
Desde el pasado 31 de enero comenzaron a aplicarse las principales restricciones para todas las entidades del Estado, especialmente la prohibición de realizar contratación directa y de suscribir convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos. Estas medidas buscan impedir que funcionarios o entidades estatales puedan beneficiar a determinados candidatos durante la contienda electoral.
La ley también limita el uso de bienes y recursos oficiales con fines proselitistas, además de restringir modificaciones en la nómina pública y la participación de servidores públicos en actividades de campaña, salvo las excepciones previstas por la legislación. Entre ellas se encuentran los contratos relacionados con la defensa y seguridad del Estado, así como aquellos destinados a atender emergencias sanitarias, educativas o situaciones de desastre.
Una vez concluya la jornada electoral del 21 de junio, las restricciones de contratación directa y demás limitaciones establecidas por la Ley de Garantías dejarán de aplicarse, permitiendo que las entidades públicas retomen sus procesos administrativos habituales desde el 22 de junio, siempre que no exista una disposición legal adicional que establezca lo contrario.
La Ley de Garantías es considerada uno de los principales mecanismos para preservar la igualdad de condiciones entre los candidatos y fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral, evitando que la administración pública sea utilizada como herramienta de promoción política durante las campañas presidenciales.
