Acción judicial busca anular inscripción de Sandra Estupiñán a la Alcaldía de Tunja

Impugnan inscripción de candidata a la Alcaldía por presuntas inhabilidades electorales. 

Una demanda de nulidad de inscripción de candidatura fue radicada ante el Consejo Nacional Electoral contra la aspirante a la Alcaldía de Tunja, Sandra Milena Estupiñán Orjuela, quien recientemente oficializó su participación en las elecciones atípicas previstas para el 26 de julio de 2026.

Alcaldía de Tunja/foto: archivo particular

La acción judicial fue interpuesta por el abogado Marco Antonio Palma Luna, quien solicita que se revise la legalidad de la inscripción de la candidata, al considerar que podría estar incursa en causales de inhabilidad contempladas en la Constitución y la ley electoral colombiana.

El recurso se centra en su reciente desempeño como concejala del municipio y en su rol dentro de la mesa directiva del Concejo de Tunja durante el periodo 2025. De acuerdo con los argumentos expuestos en la demanda, Estupiñán Orjuela ejerció como concejala para el periodo 2024-2027 y ocupó la presidencia del cabildo, función que implicaría la ordenación del gasto de la corporación.

Según el documento, la aspirante renunció a su curul el 10 de junio de 2026 e inscribió su candidatura al cargo de elección popular el 11 de junio del mismo año, lo que ha motivado la revisión de posibles incompatibilidades temporales.

El demandante sostiene que la normativa electoral establece restricciones para quienes hayan ejercido como autoridad administrativa o tengan incidencia en la gestión de recursos públicos del mismo municipio dentro de los 12 meses anteriores a la elección. Bajo esta interpretación, la situación de la candidata podría encajar dentro de las inhabilidades previstas, lo que impediría su participación en la contienda electoral.

La acción también hace referencia a la Sentencia C-080 de 2026 de la Corte Constitucional, en la que se habría reafirmado la improcedencia de las denominadas renuncias estratégicas orientadas a evadir restricciones de elegibilidad, señalando que los periodos de elección popular tienen un carácter institucional.

El trámite quedó en manos de la autoridad electoral, que deberá evaluar los argumentos presentados y determinar si existen méritos suficientes para anular la inscripción de la candidatura. Mientras tanto, la aspirante continúa en el registro oficial de candidatos para las elecciones atípicas en la capital boyacense, en medio de un escenario jurídico que podría incidir en el desarrollo electoral.

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