Alexander Mesa Romero, médico/ foto: archivo particular
La Procuraduría General de la Nación revocó la suspensión provisional que pesaba contra el médico boyacense Alexander Mesa Romero, quien había sido designado como agente interventor de la EPS Coosalud EPS en medio del proceso de intervención adelantado por el Estado. La decisión fue adoptada mediante auto del 11 de junio de 2026 y deja sin efectos la medida cautelar impuesta en marzo del mismo año.
Según el expediente, la suspensión había sido ordenada dentro de una actuación disciplinaria preliminar relacionada con presuntas irregularidades administrativas asociadas a la gestión de la entidad durante la intervención.
No obstante, el organismo de control concluyó que la medida perdió sustento jurídico luego de que la Superintendencia Nacional de Salud retirara a Mesa de su cargo como agente interventor el pasado 8 de junio y designará una nueva administración para la EPS. Con este cambio, la Procuraduría consideró que ya no existía riesgo de interferencia del investigado en los hechos materia de análisis, uno de los fundamentos esenciales para mantener la suspensión provisional.
La decisión no constituye un fallo de fondo ni una exoneración de responsabilidades disciplinarias. En cambio, se limita a levantar una medida preventiva que, según el despacho, dejó de ser necesaria dentro del proceso en curso.
En consecuencia, la actuación relacionada con la suspensión fue archivada, mientras continúan las demás indagaciones que puedan existir sobre la gestión en Coosalud. La medida había generado debate en el sector salud, debido a que los cuestionamientos iniciales estaban sustentados principalmente en indicadores financieros y administrativos correspondientes a la vigencia 2025, periodo en el que Mesa no había asumido aún el cargo, pues su nombramiento como interventor se produjo el 14 de noviembre de ese año.
Sectores cercanos al sistema de salud han señalado que la crisis estructural de la EPS venía acumulándose desde años anteriores, lo que ha reabierto la discusión sobre la atribución de responsabilidades en procesos de intervención estatal y la efectividad de las medidas disciplinarias preventivas.
Con esta decisión, el caso sigue abierto en lo sustancial, pero sin la medida cautelar vigente contra el exinterventor. La discusión ahora se centra en el alcance de las decisiones administrativas y en la evaluación de los criterios utilizados para adoptar suspensiones provisionales en entidades del sistema de salud colombiano, especialmente en procesos de alta complejidad institucional como el de Coosalud.
