Un juez de control de garantías acogió la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Breisman Jurado, quien es investigado por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada.
De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, el caso está relacionado con una serie de presuntos hechos de violencia física, verbal, psicológica y económica que habrían afectado a una joven de 20 años durante un prolongado periodo de tiempo.
Según la información recopilada por la Fiscalía, la víctima habría sido sometida a constantes ciclos de agresión mientras mantenía una relación sentimental con el hoy procesado. Los hechos investigados se habrían presentado entre febrero de 2024 y abril de 2026.
Proceso judicial
Uno de los aspectos más delicados del proceso judicial corresponde a que la mujer se encontraba en estado de embarazo al momento de algunas de las presuntas agresiones. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, las lesiones y maltratos sufridos habrían desencadenado complicaciones que finalmente ocasionaron la pérdida del bebé que esperaba.
Este hecho ha generado especial atención por parte de las autoridades judiciales debido a la gravedad de las circunstancias investigadas y al impacto que las agresiones habrían tenido sobre la integridad física y emocional de la víctima.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía presentó los elementos materiales probatorios y la evidencia recopilada por los investigadores para sustentar la necesidad de una medida restrictiva de la libertad. Sin embargo, Breisman Jurado no aceptó los cargos imputados por el ente acusador.
Investigación
La captura fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, en el marco de operativos desarrollados en varias regiones del país para hacer efectivas órdenes judiciales relacionadas con casos de violencia intrafamiliar.
Tras valorar los argumentos expuestos por la Fiscalía, el juez de control de garantías determinó que el procesado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanzan las investigaciones y se define su situación jurídica. Las autoridades reiteraron que la violencia intrafamiliar constituye una conducta penalmente sancionada y recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar oportunamente cualquier hecho de maltrato, amenaza o agresión dentro del entorno familiar.
