Por: Javier Recalde
El sur de Colombia no vive una campaña electoral; sobrevive. Mientras en las vitrinas del poder se tejen narrativas de reconciliación, los departamentos del Cauca, el Valle del Cauca y, con dolorosa insistencia, Nariño, son azotados por una oleada de atentados y amenazas permanentes que han convertido la Avenida Panamericana en un verdadero corredor del terror. No son hechos fortuitos, como pretende minimizar el Palacio de Nariño. Son la crónica de una violencia sistemática que se intensifica con cada ciclo electoral y que, esta vez, encuentra a una ciudadanía exhausta.
La política de “Paz Total”, estandarte del mandato actual, exhibe hoy las grietas profundas de un modelo desconectado del territorio. Los diálogos regionales y los avances simbólicos no pueden opacar la crudeza de la realidad: la violencia no cede, los grupos armados dictan el ritmo de las carreteras y la seguridad ciudadana se ha vuelto un lujo inalcanzable. Cuestionar este fracaso no es sabotear la paz; es exigir responsabilidad. Cuando el presidente afirma que “no hay un caos de seguridad”, no solo desconoce la geografía del dolor, sino que invalida el sufrimiento de quienes entierran a sus muertos y de los transportadores que arriesgan sus vidas diariamente. En contextos preelectorales, la seguridad deja de ser un derecho para convertirse en moneda de cambio, mientras las comunidades sureñas pagan el precio con sangre y aislamiento. Ignorar los bloqueos es una ofensa pública.
El golpe económico y social es directo. Nariño, una vez más, carga con el peso de la ausencia estatal. La parálisis intermitente de la Panamericana no es solo un problema logístico; es un estrangulamiento productivo que ahuyenta la inversión, frena el comercio y profundiza la pobreza estructural. A esto se suma una infraestructura vial precaria, histórica y nunca resuelta, que actúa como barrera crónica al desarrollo regional. El miedo no se vota; se respira. Hoy se respira en cada retén ilegal, en cada mercancía retenida, en cada familia que duda si podrá transitar sin sobresaltos. Cada kilómetro bloqueado es una esperanza pospuesta; cada familia asustada, un recordatorio de que la democracia sin seguridad es solo un simulacro. La población no exige milagros, sino la presencia real del Estado que promete y olvida a quienes sostienen la economía regional.
Indigna escuchar a sectores radicales, de izquierda y derecha, que buscan justificar lo injustificable bajo argumentos políticos coyunturales. La violencia nunca será un instrumento legítimo. Pero lo que más duele es la percepción de un gobierno que parece gobernar para un solo lado, blindado en relatos que no cruzan la cordillera ni escuchan a sus víctimas. La etapa preelectoral no puede ser coartada para normalizar el terror. Urge pasar de la negación a la acción, de la retórica a la presencia institucional real. El sur no pide discursos; exige que el Estado recupere la autoridad legítima, proteja la vía y devuelva la dignidad a los ciudadanos a una región harta de esperar en la orilla del miedo. Muy seguramente otras regiones del país también viven esta zozobra.
Por: Javier Recalde Martínez.
