El incremento de hechos violentos relacionados con grupos armados ilegales continúa siendo uno de los principales desafíos para Colombia en 2026. Informes recientes revelan que distintas regiones enfrentan amenazas, desplazamientos forzados y ataques contra la fuerza pública.
En departamentos como Norte de Santander, Antioquia y Bolívar se han reportado ataques con explosivos, acciones de grupos disidentes y enfrentamientos armados que afectan directamente a comunidades rurales. Las autoridades sostienen operaciones militares para recuperar el control territorial.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos manifestaron preocupación por el impacto de la violencia sobre líderes comunitarios, mujeres y población campesina. También alertaron sobre el reclutamiento de menores por parte de organizaciones ilegales.
