El Gobierno Nacional aseguró que el proceso de diálogo con las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá continúa vigente, pese a las recientes polémicas y cuestionamientos judiciales alrededor de la llamada “paz urbana”. A través de un comunicado, la delegación del Gobierno afirmó que “la paz urbana no se suspende” y denunció supuestas trabas desde sectores de la justicia y organismos del Estado.
Según la delegación, existen “acciones hostiles” provenientes de la Fiscalía y decisiones judiciales que estarían afectando el desarrollo de los acercamientos con las estructuras criminales. El presidente Gustavo Petro también salió en defensa del proceso y reiteró que los diálogos buscan disminuir la violencia y salvar vidas en los territorios más golpeados por el crimen organizado.
La mesa de conversaciones incluye a cabecillas de bandas recluidos en cárceles y busca avanzar en compromisos relacionados con la reducción de homicidios, extorsiones y otras actividades criminales en Medellín y municipios cercanos. Sin embargo, el proceso ha sido criticado por distintos sectores políticos y judiciales, que cuestionan la falta de un marco jurídico claro para negociar con organizaciones sin estatus político.
Desde el Gobierno insisten en que la estrategia hace parte de la política de “Paz Total” y que no se puede frenar un proceso que, según afirman, ya ha mostrado resultados en materia de reducción de violencia urbana.
La controversia se intensificó luego de recientes decisiones judiciales y debates públicos sobre los beneficios otorgados a algunos líderes criminales vinculados a los diálogos, situación que volvió a abrir la discusión sobre los límites legales y políticos de las negociaciones con bandas urbanas en Colombia.
