La creciente inquietud que hoy recorre a Colombia no es gratuita ni infundada. La promesa de una “paz total”, bandera central del gobierno del presidente Gustavo Petro, comienza a ser observada con escepticismo por amplios sectores de la ciudadanía. A ello se suma el esfuerzo regional de “paz territorial” impulsado en Nariño por el gobernador Luis Alfonso Escobar, que tampoco ha logrado consolidar los resultados esperados. El contraste entre la intención política y la realidad en las regiones es hoy más evidente que nunca.
El país enfrenta un momento particularmente delicado. Aunque el Gobierno Nacional mantiene abiertas al menos tres mesas de negociación con distintos grupos armados, los compromisos adquiridos no parecen estarse cumpliendo de manera efectiva por parte de los actores ilegales. Este incumplimiento no es un asunto menor: erosiona la confianza en los procesos de diálogo y debilita la credibilidad institucional en territorios históricamente golpeados por la violencia.
Los hechos recientes ocurridos en el departamento de Nariño son una muestra alarmante de esta situación. En el municipio de Ipiales, una de las organizaciones que participa en las conversaciones de paz habría utilizado drones para perpetrar un ataque que dejó tres militares muertos. Este tipo de acciones no solo contradicen el espíritu de cualquier negociación, sino que reflejan una preocupante sofisticación en las capacidades bélicas de los grupos armados ilegales.
De manera paralela, en Olaya Herrera, cuatro niños resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado. Este hecho, además de estremecer a la opinión pública, evidencia que las comunidades civiles siguen siendo las principales víctimas de un conflicto que, en teoría, se encuentra en proceso de desescalamiento. La persistencia de minas antipersonal y ataques indiscriminados demuestra que la violencia continúa instalada en los territorios, pese a los anuncios de diálogo.
Este escenario plantea interrogantes de fondo sobre la viabilidad y el enfoque de la estrategia de paz. ¿Es posible negociar en medio de acciones armadas activas? ¿Hasta qué punto el Estado puede mantener abiertas las mesas sin exigir garantías mínimas de cumplimiento? La ausencia de resultados concretos empieza a generar un desgaste político que podría tener consecuencias profundas, no solo para el actual gobierno, sino para la estabilidad del país.
A ello se suma un factor adicional de alta sensibilidad: la cercanía de las elecciones presidenciales. En este contexto, la posibilidad de que el Gobierno decida suspender las conversaciones con los grupos armados genera aún más incertidumbre. Una ruptura de los diálogos podría traducirse en un recrudecimiento de la violencia, afectando el orden público en un momento crucial para la democracia colombiana.
Sin embargo, mantener las negociaciones sin resultados verificables también implica riesgos. La percepción de impunidad o de falta de autoridad puede fortalecer a los actores ilegales y debilitar la confianza ciudadana. El reto del Gobierno es, por tanto, encontrar un equilibrio entre la persistencia en el diálogo y la firmeza en la exigencia de cumplimiento.
Colombia se encuentra en una encrucijada. La paz sigue siendo un objetivo irrenunciable, pero su construcción requiere más que voluntad política: exige coherencia, control territorial y compromisos reales por parte de todos los actores involucrados. Lo ocurrido en Nariño no puede ser visto como hechos aislados, sino como señales de alerta que obligan a replantear estrategias.
En este momento, más que discursos, el país necesita resultados tangibles. La paz no puede seguir siendo una promesa aplazada mientras las comunidades continúan pagando el costo de una violencia que no cede. El desafío es enorme, y el margen de error, cada vez menor.
