La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la auxiliar administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Zarzal, Valle del Cauca, Olga Maritza Montaño Hurtado, por presuntamente suscribir un contrato entre la entidad en la que trabaja como funcionaria de carrera administrativa y otra institución en la que fungía como representante legal de una persona jurídica.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago señaló que, al parecer, al firmar un negocio jurídico en 2025 por más de $1.000 millones, la disciplinable pasó por alto su condición de servidora pública y desconoció el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado, ni de forma directa o por interpuesta persona.
El ente de control indicó que Montaño Hurtado habría vulnerado con su presunta actuación el principio de moralidad, por lo que de manera provisional la calificó como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.
