Serios cuestionamientos enfrenta en la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza para crear la Promotora Minera de Nariño, PROMINAR, empresa de economía mixta impulsada por la Gobernación de Nariño.
Diversos sectores políticos, sociales, ambientales y ciudadanos han manifestado preocupación por los costos, la estructura administrativa y la presunta falta de socialización de la iniciativa. Según se ha señalado en diferentes escenarios, la elaboración del articulado y la ordenanza para la creación de PROMINAR tendría un costo cercano a los 340 millones de pesos.
Las críticas también apuntan a los gastos de funcionamiento de la futura entidad. La información conocida indicaría que la estructura administrativa contemplaría salarios de aproximadamente 60 millones de pesos mensuales para el gerente, 45 millones para vicepresidentes y cerca de 20 millones mensuales para cada integrante de la junta directiva.
Otro punto de debate son las competencias que asumiría PROMINAR. Sectores críticos sostienen que la entidad tendría funciones similares a las de la Agencia Nacional de Minería, sin claridades suficientes sobre sus alcances, la coordinación con autoridades nacionales ni las estrategias para recuperar el territorio afectado por la minería ilegal. Se advierte que el 83% de la minería ilegal estaría en poder de grupos armados ilegales, lo que genera dudas sobre la capacidad real de intervención de la nueva empresa.
Organizaciones sociales y ambientales han solicitado mayor información, socialización y debate público antes de avanzar en la aprobación. Cuestionan además que se impulse una empresa de economía mixta cuando integrantes del Pacto Histórico y de la Alianza Verde, que hoy avalan al gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo, rechazaron en 2022 modelos similares como EMGETI en Pasto. También persisten dudas sobre la composición accionaria de PROMINAR. Hasta ahora no existe información pública suficiente sobre quiénes serían los socios privados, sus porcentajes de participación ni los mecanismos de selección e inversión.
Durante la más reciente sesión extraordinaria de la Asamblea, algunos sectores denunciaron presunto afán en el trámite del proyecto por parte de una coalición mayoritaria. Según las críticas, la discusión se desarrolló en horario nocturno y en lunes festivo, sin presencia suficiente de autoridades ambientales regionales y nacionales.
La pregunta que plantean distintos actores es cómo se recuperará el territorio actualmente controlado por actores armados ilegales y de qué manera PROMINAR garantizaría seguridad, control institucional y protección ambiental en las zonas afectadas. Los sectores sociales insisten en la necesidad de garantizar transparencia, participación ciudadana y acceso completo a la información antes de avanzar en la eventual aprobación del proyecto.
