En el marco del Día Mundial del Reciclaje, el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la entrada en vigencia de una de las medidas sociales más importantes para los recicladores de oficio en Colombia: la creación de la Red de Protección Social para la Vida de las Personas Recicladoras de Oficio. La iniciativa quedó establecida mediante el Decreto 0271 de 2026, firmado en marzo por varias entidades del Gobierno nacional, y comenzará a aplicarse oficialmente el 1 de julio de 2026.
La nueva normativa busca corregir una deuda histórica del Estado colombiano con miles de personas que durante décadas han sostenido una parte fundamental del manejo ambiental del país sin recibir garantías mínimas de seguridad social. Aunque los recicladores cumplen una función esencial al recuperar residuos y reducir la cantidad de basura que termina en rellenos sanitarios, la mayoría trabajaba en condiciones de informalidad, sin acceso estable a salud, pensión ni cobertura frente a accidentes laborales.
El decreto crea por primera vez un sistema específico de protección social pensado exclusivamente para los recicladores de oficio, reconociendo las características propias de su trabajo. El Gobierno aclaró que la medida no pretende convertir a los recicladores en empleados formales ni imponerles modelos laborales tradicionales que desconozcan la autonomía y dinámica de su actividad económica. La intención es brindar garantías sociales respetando la naturaleza independiente y comunitaria del oficio.
La Red de Protección Social estará dirigida a personas que se dediquen de manera habitual al reciclaje, recuperación, transporte y clasificación de residuos aprovechables, que obtengan su sustento principalmente de esta actividad, que estén vinculadas a una Organización de Recicladores de Oficio y cuyos ingresos sean inferiores a un salario mínimo mensual.
Uno de los aspectos centrales de la norma es que establece cuatro grandes componentes de protección. El primero corresponde a la salud. Allí se garantiza que los recicladores que ya se encuentren afiliados al régimen subsidiado puedan permanecer dentro del sistema de salud pública. Además, las alcaldías y gobernaciones tendrán la responsabilidad de gestionar el ingreso de quienes todavía no cuenten con cobertura médica.
El segundo componente está relacionado con la pensión y la protección para la vejez. El decreto permitirá que los recicladores accedan al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión. Aquellos que no alcancen los requisitos para una pensión tradicional podrán ingresar al sistema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un mecanismo pensado para trabajadores de bajos ingresos. En este esquema, las organizaciones de recicladores aportarán el 5% de los ingresos de sus asociados y el Estado complementará ese ahorro con un subsidio equivalente al 20%. Además, las personas mayores también podrán acceder al programa Colombia Mayor.
El tercer eje tiene que ver con los riesgos laborales. Las organizaciones de recicladores estarán obligadas a afiliar a sus miembros a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y asumir el pago de las cotizaciones correspondientes. Esto permitirá que los recicladores tengan cobertura frente a accidentes o enfermedades derivadas de su actividad diaria, una labor que muchas veces se desarrolla en condiciones peligrosas y de alta exposición sanitaria. Sin embargo, el decreto aclara expresamente que esta afiliación no crea una relación laboral entre las organizaciones y los recicladores.
Otro de los puntos considerados más importantes es el modelo de financiación. El Gobierno decidió que los costos de la protección social no saldrán directamente del bolsillo de los recicladores. La norma prohíbe que sus ingresos personales sean utilizados para financiar estos aportes. En cambio, los recursos provendrán principalmente de la tarifa de aprovechamiento incluida dentro del servicio público de aseo y de las actividades comerciales que realizan las organizaciones de recicladores.
El artículo recuerda que esta regulación llega después de más de veinte años de espera. Desde las sentencias T-724 de 2003 y T-291 de 2009, la Corte Constitucional de Colombia había reconocido a los recicladores como sujetos de especial protección constitucional y había ordenado al Estado implementar medidas afirmativas para proteger sus derechos. Sin embargo, durante más de dos décadas esas órdenes no se habían traducido en una reglamentación concreta y funcional.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que el decreto representa un modelo innovador porque combina reconocimiento laboral, protección social y respeto por la autonomía de los recicladores. Según el funcionario, no se trata de una formalización forzada sino de una solución estructural con enfoque social y ambiental.
Actualmente, en Colombia existen aproximadamente 100.000 recicladores de oficio. Se estima que gracias a su trabajo se recupera alrededor del 17% de los residuos que, de no ser aprovechados, terminarían en rellenos sanitarios. Su labor no solo tiene impacto económico para miles de familias, sino también un papel clave en la sostenibilidad ambiental y en la reducción de la contaminación urbana.
En conclusión, el decreto marca un cambio histórico en el reconocimiento de los recicladores colombianos. Después de décadas trabajando en condiciones precarias y de exclusión institucional, el Estado comenzará a ofrecerles una red mínima de seguridad social que incluye salud, protección para la vejez y cobertura frente a riesgos laborales. La medida también representa un reconocimiento político y social a una población que históricamente había permanecido invisibilizada pese a su enorme aporte ambiental y comunitario.
