Por: Carlos Eduardo Lagos
Hay un gesto que repetimos cada cierto tiempo con una disciplina casi silenciosa: marcar un tarjetón, doblarlo y depositarlo en una urna. Lo llamamos votar. Parece simple. Pero no lo es. En ese acto se condensa una de las decisiones más profundas que puede tomar un ciudadano: participar o no en la definición del poder.
El voto no es solo un derecho. Es una forma de poder fragmentado. Cada ciudadano tiene una pequeña porción de soberanía que, sumada a otras, define quién gobierna y cómo se gobierna. El problema es que ese poder rara vez se siente cercano. Se ejerce, pero no siempre se entiende. Se reclama, pero muchas veces se delega sin mayor reflexión.
En Colombia, el voto no es obligatorio en sentido estricto. Nadie es sancionado por no votar. Pero tampoco es completamente neutral no hacerlo. Existen incentivos que premian la participación: descuentos en trámites como el pasaporte, ventajas en procesos de selección y ciertos beneficios académicos o laborales. No votar no es ilegal, pero sí tiene un costo silencioso. El sistema no obliga, pero empuja.
Esa ambigüedad define nuestra democracia. Participamos cuando queremos, pero exigimos como si siempre hubiéramos estado ahí. En regiones como el sur del país, donde el Estado a veces se siente distante, esa decisión pesa aún más. No votar es, en la práctica, cederle la voz a otros.
Pero votar tampoco es un acto uniforme. No todos los votos significan lo mismo. El voto válido elige. El voto en blanco cuestiona. El voto nulo rompe. Y la abstención —la más frecuente— es una forma de silencio que no legitima, pero tampoco transforma.
Ahí aparece una tensión de fondo. ¿Votar siempre cambia algo? ¿Abstenerse es una forma de protesta o simplemente una renuncia? No hay respuestas únicas. Lo que sí es claro es que una democracia sin participación se vacía de contenido, aunque mantenga sus formas.
En las elecciones presidenciales de 2022, Colombia mostró una cara distinta. La abstención cayó al 41,83%, una de las cifras más bajas en décadas. De quienes votaron, más del 97% lo hizo por un candidato. El voto en blanco y el voto nulo fueron marginales. Cuando el ciudadano decide participar, lo hace para tomar partido.
Y ahí aparece, en algunas ocasiones, la paradoja. Defendemos el voto como un derecho, pero lo ejercemos como reacción. Lo usamos en momentos de crisis, pero lo olvidamos en la cotidianidad. Se convierte en un acto episódico, no en una práctica constante de ciudadanía.
Tal vez el problema no es el voto. Es la relación que tenemos con él. Lo vemos como una obligación lejana o como un trámite más, cuando en realidad es una herramienta directa para incidir en lo público.
Al final, la pregunta no es si el voto sirve. Sirve. La pregunta es si estamos dispuestos a asumir lo que implica: informarse, decidir y participar. Porque en democracia, el poder no desaparece cuando no se usa. Simplemente cambia de manos.
