Carlos Amaya gobernador de Boyacá/ Foto: archivo particular
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Duitama ordenó la apertura de un incidente de desacato contra el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, en el marco de una acción popular relacionada con el estado de la vía Panqueba–Guacamayas, en la provincia de Gutiérrez.
La decisión judicial se deriva del presunto incumplimiento de una medida cautelar previamente emitida por el despacho, en la cual se ordenaron acciones inmediatas para la mitigación del riesgo en el tramo que cruza la quebrada El Obraje. Según lo señalado en el proceso, la administración departamental no habría ejecutado de manera completa las intervenciones requeridas para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.
La acción popular en curso tiene como objetivo principal la protección de derechos colectivos, especialmente aquellos relacionados con la seguridad vial, la prevención de desastres previsibles técnicamente y el acceso a una infraestructura adecuada. En ese contexto, el juzgado había dispuesto la realización de estudios técnicos y la posterior construcción de un puente vehicular y peatonal en el sector identificado como crítico. Adicionalmente, la medida cautelar incluía obligaciones de carácter preventivo, como el retiro controlado de material suelto, la limpieza periódica de rocas y sedimentos sobre la calzada, y la canalización provisional de aguas.
También se ordenó la estabilización temporal de taludes con el fin de reducir el riesgo de deslizamientos que pudieran afectar la movilidad y la integridad de los habitantes. De acuerdo con el expediente judicial, otra de las disposiciones contemplaba la instalación de señalización preventiva y la ejecución de muros de contención en el área de influencia de la quebrada El Obraje.
Asimismo, se establecía la obligación de realizar inspecciones semanales para monitorear las condiciones del terreno y el comportamiento del cauce hídrico. El despacho judicial consideró que estas medidas no habrían sido cumplidas en su totalidad o no se habrían ejecutado con la continuidad exigida, lo que motivó la apertura del incidente de desacato para evaluar la conducta de la administración departamental frente a las órdenes emitidas.
Con este procedimiento, la autoridad judicial determinará si existe responsabilidad por parte del mandatario departamental en el presunto incumplimiento. En caso de comprobarse desacato, el proceso podría derivar en sanciones contempladas en la normatividad vigente, que incluyen multas e incluso medidas de privación de la libertad. Hasta el momento, la Gobernación de Boyacá no ha emitido un pronunciamiento detallado sobre la decisión judicial. El caso continúa en etapa de verificación y análisis por parte del despacho competente.
