Una audiencia judicial fue programada para analizar las condiciones del servicio de agua en la zona rural de Ipiales, en medio de una Acción Popular que busca proteger el derecho de las comunidades a acceder a agua apta para el consumo humano.
El anuncio fue realizado por el abogado Erlinto Velasco, quien explicó que el Juzgado Cuarto de lo Contencioso Administrativo convocó a las Juntas Administradoras de Agua rurales para una diligencia que se llevará a cabo el próximo 27 de agosto a las 9:00 de la mañana.
Durante la audiencia, el despacho judicial evaluará las acciones que vienen adelantando la Alcaldía de Ipiales y demás entidades competentes frente al tratamiento y control de la calidad del agua que reciben cientos de familias campesinas.
El proceso pretende establecer si las autoridades responsables están cumpliendo con las obligaciones relacionadas con el suministro de agua segura y las medidas de saneamiento requeridas para proteger la salud pública.
Velasco señaló además que, en caso de evidenciarse incumplimientos o desacato frente a las órdenes judiciales y normativas vigentes, podrían imponerse sanciones económicas a las entidades responsables, con multas que alcanzarían hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Acción Popular ha generado expectativa entre comunidades rurales que desde hace varios años vienen solicitando soluciones frente a las dificultades relacionadas con el acceso y la calidad del agua en diferentes sectores del municipio.
