En medio del proceso judicial contra el mandatario, la comunidad se ha dividido entre críticas y respaldo.
El municipio de Villa de Leyva atraviesa un momento de incertidumbre institucional tras la captura del alcalde Víctor Alfonso Gamboa, situación que obligó a la administración municipal a designar como alcalde encargado a Nicolás Méndez Figueroa, quien también continúa ejerciendo funciones como secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Méndez asumió temporalmente las riendas del municipio desde el pasado 8 de mayo, en cumplimiento del Decreto 051 de 2026, mientras avanza el proceso judicial contra el mandatario electo en 2023 por la coalición Amor por Villa de Leyva, integrada por los partidos Liberal, Conservador y ASI.
Gamboa fue capturado el 7 de mayo por funcionarios del CTI de la Fiscalía y trasladado al búnker de la entidad en Bogotá. Un día después, la Fiscalía le imputó los delitos de concusión y prevaricato por acción, relacionados presuntamente con irregularidades en el trámite de una licencia de construcción para un proyecto urbanístico en el municipio.
De acuerdo con los comunicados oficiales, la investigación señala que el alcalde habría sostenido reuniones y conversaciones mediante mensajes de texto y notas de voz con representantes de la empresa Inversiones San Jacinto de Nelvic SAS, interesada en desarrollar un proyecto inmobiliario en Villa de Leyva.
Según la Fiscalía, inicialmente se habría solicitado la contratación de una persona cercana al mandatario, posteriormente el aumento de su salario y finalmente una suma de dinero a cambio de facilitar los trámites requeridos.
De manera extraoficial se conoció que las presuntas exigencias económicas superarían los 400 millones de pesos. Asimismo, trascendió que dentro del material probatorio existirían conversaciones de WhatsApp y un video grabado en un centro comercial cercano a Bogotá, en el que supuestamente se observa una reunión entre Gamboa y representantes de la firma inversionista.
El caso también ha despertado preocupación por posibles afectaciones ambientales relacionadas con el proyecto urbanístico. Información conocida de manera preliminar señala que la empresa habría adelantado obras en un predio de más de 80 mil metros cuadrados, pese a contar únicamente con licencia para una unidad habitacional de 551 metros cuadrados. Además, se investiga un presunto desvío de la quebrada El Roble para la construcción de un lago artificial.
