Presuntos articuladores del esquema a Laura Maritza Castro Alezones, Ronald Yosefer Pulido Forero e Ingrid Yineth Amaro Guavare/ Foto: archivo particular
La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre un presunto entramado de corrupción relacionado con el cobro irregular de recursos destinados al aprovechamiento y reciclaje de residuos sólidos en varios municipios de Boyacá.
De acuerdo con la investigación conocida este 13 de mayo de 2026, las maniobras habrían permitido la obtención de más de 6.800 millones de pesos mediante reportes falsos sobre actividades de reciclaje que, al parecer, nunca fueron ejecutadas de manera real o suficiente.
Las indagaciones involucran operaciones desarrolladas en ciudades como Tunja, Duitama y Sogamoso, donde presuntamente se habrían reportado toneladas inexistentes de material reciclable ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Según la Fiscalía, la información cargada al Sistema Único de Información (SUI) habría sido utilizada para justificar pagos correspondientes a la remuneración tarifaria de aprovechamiento, un mecanismo creado para reconocer económicamente la labor de los recicladores de oficio. El ente investigador señaló como presuntos articuladores del esquema a Laura Maritza Castro Alezones, Ronald Yosefer Pulido Forero e Ingrid Yineth Amaro Guavare.
De acuerdo con el expediente, estas personas habrían coordinado la entrega de documentos y registros alterados para sustentar actividades de recolección, clasificación y aprovechamiento de residuos que no coincidían con la capacidad operativa real de las empresas involucradas. Dentro del material probatorio recopilado por las autoridades se evidenciaría que algunas de las organizaciones investigadas no contaban con bodegas adecuadas, infraestructura suficiente ni personal operativo que permitiera ejecutar las labores reportadas ante las entidades de control.
Además, la Fiscalía indicó que presuntamente fueron utilizados nombres de recicladores y habitantes de calle para respaldar facturación y soportes administrativos que hoy son objeto de verificación judicial. Otro de los aspectos que llama la atención de los investigadores tiene relación con el destino de parte de los recursos obtenidos.
Según la hipótesis de la Fiscalía, algunos dineros habrían sido destinados a la adquisición de vehículos de alta gama, inmuebles y otros bienes patrimoniales. También se investigan presuntas maniobras posteriores orientadas a modificar información y ocultar evidencias para evitar posibles sanciones judiciales y tributarias. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los tres señalados los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y alteración de elemento material probatorio. Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades buscan establecer el verdadero alcance del presunto fraude y determinar si existirían más personas o entidades vinculadas al caso.
