La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura y condenó a 9 años de cárcel al exgobernador del Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán, por presuntas irregularidades en un contrato por más de 400 millones de pesos para la fabricación de juguetes destinados a niños de escasos recursos de ese departamento en el año 2008.
Esta decisión del alto tribunal contra el exgobernador está relacionada con la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción, dentro de un proceso con millonarios convenios para la fabricación de juguetes para niños de bajos recursos. Ambos contratos tenían el mismo propósito que era fabricar artículos lúdico-didácticos para niños y niñas de escasos recursos durante temporada decembrina.
En el fallo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia expone cuáles habrían sido las irregularidades de dos contratos celebrados en el año 2008, la suma de ambos asciende a más de 400 millones de pesos. En el mismo fallo, la Corte absolvió al exgobernador encargado Camilo Augusto Otaya, quien era investigado.
La Corte determinó que las fundaciones contratadas no tenían dentro de su objeto social la fabricación de juguetes y fueron utilizadas como “fachada”, vulnerando principios de contratación pública. Para la Corte esos recursos tenían destinación específica y no podían usarse para esos fines, por lo que la actuación desconoció normas constitucionales y legales.
Por ello Corte lo halló responsable de los delitos de prevaricato por acción y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos ilegales. Los convenios, por más de $470 millones, fueron firmados con la Fundación Cultural del Putumayo y la Fundación Futuro Ambiental del Putumayo, entidades que no tenían dentro de su objeto social la fabricación de juguetes.
La investigación estableció que Guzmán modificó el presupuesto departamental para destinar recursos de cuotas pensionales a actividades culturales decembrinas y compra de juguetes, pese a tener destinación específica por ley. El alto tribunal negó la prisión domiciliaria o suspensión condicional de la pena y ordenó su captura. Fue recluido en un establecimiento carcelario del Inpec. Además, inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de 10 años y deberá pagar multa de 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. La sentencia es de primera instancia y procede recurso de apelación.
