El Consejo de Estado declaró responsable al Estado colombiano por un caso de violencia sexual cometido en 2009 por un soldado del Ejército Nacional contra una niña indígena del pueblo Wiwa. El fallo concluyó que el crimen no fue un hecho aislado, sino parte de un contexto sistemático, ya que existían alertas previas sobre el comportamiento del militar que no fueron atendidas por la institución.
Según la decisión, el uniformado aprovechó su posición de autoridad y poder como integrante de la fuerza pública para ingresar a una finca indígena y abusar sexualmente de la menor, quien tenía 13 años en ese momento. Este acto no solo causó un daño profundo a la víctima, sino que también afectó gravemente a su comunidad, ya que la niña tuvo que abandonar su proceso de vida para asumir el rol de Saga, una figura espiritual y social clave dentro de su cultura.
El tribunal determinó que el Estado debía responder, debido a que el crimen estuvo directamente relacionado con el servicio militar y porque hubo fallas en la cadena de mando, al no tomar medidas preventivas pese a las advertencias existentes. En ese sentido, el fallo subraya la gravedad de estos hechos cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población terminan siendo los agresores.
La sentencia reconoció la vulneración de múltiples derechos fundamentales, entre ellos la dignidad humana, la integridad personal y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Como consecuencia, se ordenaron medidas de reparación integral, que incluyen acompañamiento psicológico, actos simbólicos de reconocimiento y acciones para evitar la repetición de hechos similares, tanto para la víctima como para el pueblo Wiwa.
El fallo fue posible gracias a una acción de tutela impulsada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que permitió reabrir el caso luego de que hubiera sido cerrado previamente por vencimiento de términos. En total, el proceso judicial se extendió por 17 años, reflejando la complejidad y las dificultades del acceso a la justicia en este tipo de casos.
A lo largo de ese tiempo, la familia de la víctima enfrentó múltiples obstáculos. Aunque la denuncia se presentó en 2009, la investigación tardó cerca de cinco años en ser asignada a una unidad especializada en derechos humanos. En el ámbito disciplinario, la Procuraduría sancionó al militar en 2014 con destitución e inhabilidad por 14 años. Sin embargo, en el ámbito penal no se logró una condena, ya que el proceso fue cerrado en 2022 tras la muerte del responsable.
Posteriormente, la familia acudió a la justicia administrativa buscando reparación. Aunque en 2018 un tribunal reconoció la responsabilidad del Ejército, en 2024 esa decisión fue revocada por el propio Consejo de Estado por caducidad del proceso. Finalmente, la tutela permitió revertir esa situación y lograr el reconocimiento definitivo de la responsabilidad estatal.
En conclusión, este caso evidencia no solo la gravedad de la violencia sexual en contextos de conflicto o presencia militar, sino también las barreras estructurales que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia. El fallo representa un paso importante hacia el reconocimiento del daño, la reparación integral y la garantía de no repetición para las comunidades afectadas.
