Por: Alina Constanza Silva
El narcotráfico no llegó solo. A su alrededor surgieron otras economías ilegales como la minería ilícita, el contrabando y la extorsión. Estas actividades consolidaron estructuras criminales que ejercen control sobre la población rural y urbana, especialmente en los municipios costeros.
De esta manera, la violencia dejó de ser un fenómeno aislado y se convirtió en un sistema de control territorial, en el cual los grupos armados imponen normas, restringen la movilidad y afectan la vida cotidiana de la población.
La marginalización histórica del departamento constituye un factor transversal. En gran parte de los municipios, especialmente en zonas rurales, persisten limitaciones en el acceso a servicios básicos, educación, salud e infraestructura (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2022). Esta ausencia estatal ha facilitado la presencia de actores ilegales que, en algunos casos, asumen funciones de autoridad, configurando escenarios cercanos a un “paraestado”.
No obstante, reducir la situación de Nariño únicamente al narcotráfico implica simplificar una realidad estructural compleja. La violencia actual es el resultado de la interacción entre factores geográficos, economías ilícitas, vacíos institucionales y dinámicas del conflicto armado. Al mismo tiempo, es importante reconocer la existencia de procesos de resistencia social liderados por comunidades organizadas que buscan alternativas de desarrollo dentro de la legalidad (Banco Mundial, 2020).
Las cifras evidencian la magnitud del problema. Entre 2019 y 2024 se registraron múltiples masacres y cientos de homicidios en el departamento, además del asesinato de firmantes de paz y víctimas por minas antipersonales. Asimismo, el desplazamiento forzado ha afectado a cientos de miles de personas, representando aproximadamente el 12,4 % del total nacional (Unidad para las Víctimas, 2023). Estos datos reflejan la persistencia de un conflicto que, lejos de desaparecer, se ha reconfigurado.
