Obreros trabajando en una obra/ Foto: archivo particular
Un nuevo caso que genera profunda preocupación por el posible uso indebido del poder público sacude a Sogamoso, Boyacá. La Fiscalía General de la Nación judicializó a la inspectora de Policía Leydi Carolina Rincón Castro y al particular Luis Alberto Arenas Zárate, señalados de haber exigido dinero a una ciudadana a cambio de evitar sanciones urbanísticas y el sellamiento de una obra en construcción.
Según la investigación, los hechos se originaron tras la detección de una presunta infracción urbanística en una vivienda, relacionada con la construcción de una escalera exterior sin los permisos exigidos por la ley. Hasta ahí, se trataría de un procedimiento administrativo normal dentro de las funciones de inspección de Policía.
Sin embargo, lo que agrava el caso es la forma en que, presuntamente, se habría manejado la situación. La inspectora Rincón Castro habría contactado a la responsable de la obra para informarle que el proceso podría terminar en una multa que oscilaría entre 30 y 40 millones de pesos, una cifra que, en la práctica, genera presión e incertidumbre en cualquier ciudadano. De acuerdo con la Fiscalía, en lugar de limitarse a adelantar el procedimiento legal correspondiente, la funcionaria habría sugerido contactar a Luis Alberto Arenas Zárate, quien se habría presentado como supuesto funcionario de la administración municipal, pese a no tener vínculo oficial.
Bajo esa falsa investidura, el particular habría ofrecido “ayudar” a cerrar el caso y evitar el sellamiento de la obra, a cambio de seis millones de pesos. Este tipo de conductas, de comprobarse, no solo representarían un abuso de autoridad, sino un esquema de corrupción que combina intimidación, engaño y aprovechamiento del desconocimiento ciudadano frente a los procedimientos administrativos. La utilización del cargo público como herramienta de presión erosiona la confianza en las instituciones y afecta directamente la credibilidad del Estado.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los dos implicados los delitos de concusión y simulación de investidura o cargo. Durante las audiencias preliminares, ninguno aceptó los cargos formulados. El juez determinó imponer medida de aseguramiento domiciliaria a la inspectora de Policía, mientras el proceso judicial avanza.
El particular continúa vinculado a la investigación. Las capturas se realizaron en un operativo conjunto entre el CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula del Ejército en Sogamoso. Este caso vuelve a poner sobre la mesa una preocupación recurrente: el uso de cargos públicos para fines personales y económicos, una práctica que debilita la institucionalidad y deja a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad frente a quienes deberían protegerla.
