La reconocida cadena de ropa interior femenina Lili Pink atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia tras ser intervenida por la Fiscalía General de la Nación en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando.
El operativo, desarrollado en múltiples regiones del país, afectó más de 400 locales comerciales, además de inmuebles, vehículos y otros activos vinculados a la empresa. Según las autoridades, la red investigada habría movilizado más de 730.000 millones de pesos mediante operaciones ilegales relacionadas con importaciones y comercialización de mercancía.
Investigación de años
Las pesquisas, que se venían adelantando desde al menos 2022, apuntan a que la empresa habría sido utilizada como fachada para ingresar productos de contrabando y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos. Entre los delitos investigados se encuentran lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando por cifras millonarias.
De acuerdo con los hallazgos, se habrían utilizado empresas ficticias, facturación irregular y maniobras contables para simular operaciones comerciales y obtener devoluciones de impuestos de forma indebida.
Tiendas seguirán abiertas
A pesar de la magnitud del caso, la Fiscalía confirmó que los establecimientos no cerrarán por el momento. Los puntos de venta continuarán funcionando bajo administración provisional del Estado mientras avanza el proceso de extinción de dominio.
Esto significa que, aunque los bienes están bajo control judicial, la operación comercial se mantiene para garantizar la continuidad del negocio y la estabilidad laboral de miles de empleados.
Incertidumbre sobre el futuro
La compañía, que cuenta con cientos de tiendas en Colombia y presencia internacional, aseguró estar colaborando con las autoridades y trabajando con asesores legales para enfrentar la situación. Sin embargo, el futuro de la marca dependerá de las decisiones judiciales que se tomen en los próximos meses.
Expertos señalan que, de comprobarse las acusaciones, los bienes podrían pasar definitivamente a manos del Estado, lo que marcaría un giro radical en la historia de una de las marcas más reconocida del sector textil colombiano
