La situación del subintendente Frankie Hoyos Murcia y del patrullero Yordin Fabián Pérez, miembros de la Policía Nacional, vuelve a generar preocupación en el país tras la aparición de nuevas pruebas de supervivencia difundidas en redes sociales. Ambos uniformados permanecen retenidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 20 de julio de 2025, cuando fueron interceptados en la carretera que comunica a Tame con Arauca.
Exigen liberación
Durante estos meses, sus familiares han impulsado distintas iniciativas simbólicas para mantener visible el caso y exigir su liberación, sin que hasta el momento se reporten avances concretos. Sin embargo, la reciente publicación de videos, presuntamente grabados el 25 de abril en un campamento del grupo armado, volvió a poner el tema en el centro de la discusión pública.
En las grabaciones, los dos policías aparecen vistiendo ropa informal y describen las condiciones que enfrentan en cautiverio. Además, aprovechan el espacio para enviar mensajes directos al presidente Gustavo Petro, a quien le solicitan intervenir de manera más decidida en su caso. En particular, plantean la posibilidad de un intercambio humanitario como una vía para recuperar su libertad, señalando que, según la información que han recibido, este proceso dependería de decisiones del Gobierno nacional.
El subintendente Hoyos expresa su preocupación por el tiempo transcurrido sin resultados, mientras que el patrullero Pérez insiste en la urgencia de garantizar sus derechos fundamentales y regresar junto a sus familias. Ambos coinciden en resaltar el impacto emocional que esta situación ha tenido tanto en ellos como en sus seres queridos, quienes continúan esperando respuestas.
Seguridad
Este caso ocurre en medio de un panorama complejo en materia de seguridad. Según datos oficiales del Gobierno colombiano y la Defensoría del Pueblo, actualmente 91 personas permanecen secuestradas por diferentes grupos armados en el país. De ese total, 38 estarían bajo control del ELN, lo que evidencia la persistencia de esta práctica pese a los intentos de negociación adelantados en los últimos años.
La difusión de estas nuevas pruebas no solo confirma que los uniformados siguen con vida, sino que también reabre el debate sobre las estrategias necesarias para lograr su liberación y, en general, para enfrentar el fenómeno del secuestro en Colombia. Mientras tanto, sus familias y diversos sectores de la sociedad continúan insistiendo en la urgencia de una solución humanitaria.
