La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana

La Mandinga: la mina ilegal vinculada al Clan del Golfo que salpica a una base militar en Colombia

Una investigación reciente ha puesto bajo la lupa a “La Mandinga”, una mina de oro ilegal que estaría siendo explotada por el grupo armado Clan del Golfo, y que, según denuncias, operaría en inmediaciones —o incluso dentro— de una zona bajo control de una base militar colombiana.

Operación ilegal en zona estratégica

De acuerdo con reportes periodísticos y denuncias de organizaciones sociales, la mina funcionaría como un punto clave para la extracción ilícita de oro, actividad que se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de estructuras criminales en el país. El caso genera especial preocupación por la presunta cercanía con instalaciones del Ejército Nacional de Colombia, lo que ha levantado sospechas sobre posibles omisiones, complicidad o fallas en el control territorial.

El oro: nueva fuente de poder criminal

En los últimos años, el Clan del Golfo ha diversificado sus ingresos, pasando del narcotráfico a economías ilegales como la minería de oro. Esta actividad no solo les permite lavar dinero, sino también ejercer control sobre comunidades locales, muchas veces mediante amenazas, desplazamientos forzados y explotación laboral.

Impacto ambiental y social

Además del componente de seguridad, la mina “La Mandinga” representa un grave riesgo ambiental. La extracción ilegal suele implicar el uso de mercurio y la deforestación de grandes extensiones, afectando fuentes hídricas y ecosistemas. Comunidades cercanas han denunciado contaminación y deterioro de sus condiciones de vida.

Investigaciones en curso

Las autoridades colombianas han anunciado la apertura de investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El caso podría derivar en procesos disciplinarios y penales si se comprueba la participación o negligencia de miembros de la fuerza pública.

Este escándalo vuelve a evidenciar los desafíos que enfrenta Colombia para combatir las economías ilegales y la infiltración de grupos armados en territorios estratégicos, incluso en zonas donde debería existir un control institucional reforzado.

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