La creciente inquietud en el departamento de Nariño frente a la situación de orden público no es un asunto menor ni coyuntural. A tan solo 51 días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo ponen en evidencia un panorama delicado que exige atención inmediata por parte del Estado. No se trata únicamente de garantizar el ejercicio democrático, sino de salvaguardar la vida, la integridad y los derechos fundamentales de miles de ciudadanos que hoy se encuentran en medio de la incertidumbre.
Municipios como El Peñol, El Tambo y Cumbitara, así como gran parte de la costa pacífica nariñense —Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán y El Charco—, enfrentan una compleja realidad marcada por la presencia de grupos armados ilegales. Estas estructuras, lejos de disminuir su accionar, parecen intensificarlo en un momento especialmente sensible para el país. La situación en Cumbitara es particularmente alarmante, donde enfrentamientos entre estos grupos han derivado en numerosos desplazamientos forzados, obligando a familias enteras a abandonar sus hogares en busca de seguridad.
Este escenario no solo refleja una crisis humanitaria en desarrollo, sino que también plantea serios interrogantes sobre las garantías reales para la participación electoral. ¿Cómo pueden los ciudadanos ejercer su derecho al voto en medio del miedo, la presión y la violencia? ¿Qué condiciones existen para que la democracia se exprese libremente en territorios donde la autoridad legítima del Estado es débil o, en algunos casos, inexistente?
Las alertas tempranas no deben entenderse como simples advertencias, sino como llamados urgentes a la acción. La experiencia ha demostrado que ignorar o subestimar estas señales puede tener consecuencias graves. Por ello, es imperativo que desde ya se adopten medidas contundentes que permitan recuperar el control institucional y brindar condiciones mínimas de seguridad.
En este contexto, el fortalecimiento de la Fuerza Pública en las zonas más afectadas se convierte en una necesidad inaplazable. No se trata de militarizar indiscriminadamente el territorio, sino de garantizar una presencia efectiva, coordinada y respetuosa de los derechos humanos, que permita disuadir la acción de los grupos armados ilegales y proteger a la población civil. La seguridad es un requisito indispensable para la democracia, y sin ella, cualquier proceso electoral pierde legitimidad.
Sin embargo, la respuesta no puede limitarse únicamente al componente militar. Es fundamental que esta intervención vaya acompañada de acciones integrales del Estado, que incluyan atención humanitaria para las personas desplazadas, fortalecimiento institucional en los municipios y estrategias de desarrollo que aborden las causas estructurales del conflicto. La ausencia histórica del Estado en estas regiones ha sido uno de los principales factores que han facilitado la expansión de economías ilegales y actores armados.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones, el tiempo apremia. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán determinantes para garantizar no solo el normal desarrollo de la jornada electoral, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Nariño no puede enfrentar este proceso en medio del abandono y la zozobra.
El llamado es claro: se requiere una acción urgente, articulada y eficaz del Gobierno Nacional. La democracia no puede florecer en medio de la violencia. Garantizar elecciones seguras en Nariño es, hoy más que nunca, una responsabilidad ineludible del Estado colombiano. Por lo tanto, esperamos que este clamor desde el sur del país, sea escuchado en las altas esferas. Por ahora, cunde la incertidumbre.
