Un caso de corrupción dentro de las Fuerzas Militares sacude al país tras la condena contra el mayor del Ejército Nacional Giovanny Ricardo Futo, quien fue sentenciado a 36 meses de prisión y separado de manera definitiva de la institución por exigir dinero de forma ilegal.
El oficial, quien se desempeñaba como comandante del Distrito Militar No. 28 en Puerto Berrío, Antioquia, le solicitó 395.000 pesos a la madre de un joven con discapacidad auditiva y del habla para expedir la libreta militar, un trámite que por ley debe ser completamente gratuito para esta población.
Fallo
De acuerdo con el fallo del Juzgado Penal Militar y Policial, el uniformado utilizó una línea telefónica oficial para realizar la exigencia económica, incurriendo en el delito de concusión. La sentencia señala que el mayor actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus acciones y de sus responsabilidades como funcionario público.
“El procesado actuó con plena capacidad de comprensión y autodeterminación; conocía sus deberes funcionales y la ilicitud de su actuar”, indicó el juez en la decisión judicial.
Además de la pena de prisión, la sentencia contempla la inhabilitación para ejercer cargos y derechos públicos durante el mismo periodo, así como la orden de captura para asegurar el cumplimiento de la condena. El exoficial aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía Penal Militar, lo que permitió avanzar en el proceso judicial.
Importancia
Este caso también pone sobre la mesa la importancia de conocer los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. La normativa establece que quienes presentan discapacidad física, psíquica o sensorial permanente están exentos tanto del servicio militar como del pago de la cuota de compensación.
Para obtener la libreta militar de segunda clase, los ciudadanos deben acreditar su condición mediante certificados médicos expedidos por una EPS o centro de rehabilitación. Posteriormente, deben registrarse en el portal del Comando de Reclutamiento o acudir a un Distrito Militar, donde se realiza una valoración médica para validar la información.
El trámite no tiene costo y, tras su aprobación, el certificado digital puede descargarse gratuitamente. Las autoridades reiteran el llamado a denunciar cualquier irregularidad que vulnere los derechos de esta población.
