La central obrera advirtió que se movilizará para evitar que se caiga el incremento decretado por el Gobierno, en medio de una disputa jurídica que aún no se resuelve.
En medio de la controversia legal por el salario mínimo en Colombia para 2026, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció que defenderá “a fondo” el decreto expedido por el Gobierno nacional, pese a la decisión del Consejo de Estado de mantener suspendida la norma original que fijó el incremento.
El pronunciamiento del sindicato se da luego de que la alta corte ratificara la medida cautelar que dejó sin efectos provisionales el Decreto 1469 de 2025, con el cual se había establecido un aumento del 23,7% en el salario mínimo.
Defensa del aumento salarial
Desde la CUT, su presidente Fabio Arias aseguró que el movimiento sindical no permitirá que se tumbe el incremento, al considerar que este representa un avance en los derechos laborales de los trabajadores colombianos.
“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no se salgan con la suya”, afirmó el dirigente, quien además calificó el proceso judicial como una “intentona” de frenar una medida clave para mejorar las condiciones de vida de millones de empleados.
La organización insistió en que el aumento es fundamental para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en un contexto económico desafiante.
Qué decidió el Consejo de Estado
El Consejo de Estado confirmó la suspensión provisional del decreto original y ordenó al Gobierno emitir una norma transitoria mientras se define de fondo la legalidad del incremento salarial.
En cumplimiento de esta decisión, el Ejecutivo expidió un nuevo decreto que mantiene, por ahora, las cifras del salario mínimo bajo la figura de “salario vital”, evitando cambios inmediatos en los ingresos de los trabajadores.
Actualmente, el salario mínimo se mantiene en $2.000.000 mensuales (incluyendo auxilio de transporte), mientras avanza el proceso judicial que definirá si el incremento será definitivo o deberá modificarse.
Un debate que sigue abierto
La controversia se originó tras varias demandas presentadas por sectores empresariales, que cuestionaron la forma en que el Gobierno calculó el aumento, señalando que no se habrían respetado criterios legales como la inflación, la productividad y el crecimiento económico.
Por su parte, el Gobierno y los sindicatos defienden la aplicación del concepto de “salario mínimo vital”, argumentando que busca garantizar condiciones dignas para los trabajadores.
Mientras tanto, el país permanece a la expectativa de una decisión definitiva del alto tribunal, en un debate que no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales y políticas.
