Por Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural
Durante mucho tiempo, la justicia en Colombia ha estado lejos del campo. Lejos de las veredas, de los caminos de tierra, de las fincas donde cada día se siembra el alimento que llega a nuestras mesas. Allá, donde surgen muchos de los conflictos más complejos —por la tierra, por los linderos, por el agua, por el derecho a producir—, las respuestas han sido lentas, lejanas o, simplemente, inexistentes. Por eso, la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural no es un asunto técnico ni un cambio más en la ley. Es, ante todo, un paso necesario para acercar la justicia a quienes más la han necesitado y menos la han tenido.
Hoy Colombia ya dio un primer paso importante. La Jurisdicción Agraria está en la Constitución y tiene una Ley Estatutaria que define cómo debería organizarse. Pero también hay que decirlo con la misma claridad: aún no está funcionando. Y no lo está porque falta lo más importante: la ley ordinaria que permita que esa justicia exista en la práctica.
Sin esa ley, no hay reglas claras para que los jueces puedan resolver los conflictos ni reglas para las garantías de acceso a la justicia para las poblaciones rurales. En otras palabras, la jurisdicción existe en el papel, pero todavía no puede responderle a la gente. Por eso, lo que hoy se discute en el Congreso no es una disputa cualquiera, es la decisión histórica de si la justicia llega de verdad al campo o si vuelve a quedarse a mitad de camino.
En medio de este debate han surgido muchas dudas, y es natural que así sea. Pero también han circulado ideas que no corresponden a lo que realmente propone este proyecto. Se ha dicho, por ejemplo, que esta iniciativa no ha sido concertada. Lo cierto es que ha sido construida en diálogo permanente: con congresistas de distintos sectores, con equipos técnicos, con instituciones del Estado y con gremios del sector. Hemos escuchado, ajustado y debatido y lo que no ha tenido acuerdo, como corresponde en democracia, se está resolviendo en el Congreso.
También se ha dicho que no hay recursos para poner en marcha esta jurisdicción, la realidad es que su implementación será gradual para garantizar los recursos necesarios para su pleno funcionamiento. No se trata de crear toda la estructura de un día para otro, sino de empezar, avanzar y consolidar. Ya hay condiciones para los primeros juzgados, y su implementación en todo el territorio nacional se dará de manera progresiva hasta que toda la Colombia rural cuente con una justicia agraria.
Otro de los temas que más ha generado discusión es el papel de la Agencia Nacional de Tierras. Algunas voces han planteado que se le quieren dar poderes excesivos, pero esto no es así: La Agencia no va a reemplazar a los jueces ni a resolver conflictos entre personas. Su función sigue siendo la misma: recuperar tierras baldías que son del Estado y que deben cumplir una función social, es decir, que pueda hacer esto de manera ágil para cumplirle a las comunidades rurales.
Hoy, muchos de estos procesos se han vuelto supremamente lentos al pasar por instancias judiciales innecesarias y, mientras tanto, las tierras siguen sin recuperarse y a merced de los acaparadores de tierra. La idea es sencilla: que la Agencia actúe como autoridad administrativa y que los jueces sigan garantizando los derechos, revisando las decisiones cuando sea necesario. Más eficiencia, sin perder garantías.
También es importante decirlo sin rodeos: este proyecto no promueve invasiones de tierras ni pone en riesgo la propiedad privada, al contrario, busca fortalecerla. Lo que queremos es que los conflictos se resuelvan con reglas claras, con jueces especializados y en tiempos razonables. Que quien tenga un derecho pueda defenderlo, y que quien tenga una disputa pueda resolverla sin tener que esperar años. Porque una justicia que tarda demasiado es una forma de injusticia.
La Jurisdicción Agraria y Rural no es solo una nueva institución, es una forma distinta de entender la justicia; es reconocer que el campo tiene sus propias dinámicas, sus propios tiempos, sus propias complejidades; que no es lo mismo resolver un conflicto urbano que uno que involucra cosechas, ciclos productivos, relaciones comunitarias y territorios golpeados por la violencia durante más de medio siglo.
Esta jurisdicción también llegará a los territorios rurales para cumplir con un compromiso del país: el de crear mecanismos reales para resolver los conflictos por la tierra y avanzar hacia territorios más estables, productivos y en paz. Hoy, el Congreso tiene en sus manos la oportunidad de hacer algo que durante décadas no se logró: que la justicia deje de ser lejana para las comunidades agrarias y empiece a estar presente donde se necesita; que llegue a las veredas; que escuche a las comunidades; que entienda lo que está en juego cuando se trata de salvaguardar los derechos a la tierra y el territorio. .
Ojalá podamos hacerlo pensando en lo esencial: en las familias que viven del campo, en quienes han esperado años por una respuesta del Estado, en quienes necesitan que la Justicia no solo exista allá en las ciudades, sino que llegue a la Colombia profunda y a tiempo porque, al final, de eso se trata: de que la justicia deje de ser una promesa y se convierta, por fin, en una realidad para el campo colombiano.
