La Defensoría del Pueblo ha emitido un diagnóstico devastador sobre la salud en Colombia, revelando que la deuda del sistema oscila entre los $24 y $33 billones. Durante el evento ‘Sostenibilidad financiera de los sistemas de salud’, la defensora Iris Marín advirtió que esta crisis estructural no es solo una cifra contable, sino un fenómeno que está trasladando el costo de la atención directamente a los hogares. Según el reporte, el gasto de bolsillo ha crecido de manera alarmante, pasando del 15,8% en 2019 al 17,2% en 2024, evidenciando que el ciudadano está pagando por servicios que el sistema debería garantizar.
La opacidad financiera es uno de los puntos más críticos señalados por la entidad. Mientras que el país destina cerca de $100 billones anuales al sector (un 8,2% del PIB), la distribución es profundamente desigual: el 51% de los recursos se queda en el régimen contributivo, que atiende a menos población que el subsidiado. Además, el informe de la Contraloría General subraya que la deuda está peligrosamente concentrada, con la Nueva EPS acumulando más de $9 billones en obligaciones, lo que representa casi una tercera parte del déficit total nacional.
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente a una reforma estructural que priorice la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente del sector privado. La falta de liquidez y las deudas con IPS y gestores farmacéuticos (que ascienden a $3 billones solo en logística) están minando la confianza en el derecho fundamental a la salud. Para la Defensoría, sin una nueva gobernanza que incluya un enfoque territorial efectivo, el sistema seguirá en un deterioro que compromete la vida de millones de colombianos.
