La comunidad asegura que lleva más de cinco años trabajando y habitando el predio.
Un grupo de cerca de 42 familias campesinas de la vereda Las Mercedes, en Puerto Boyacá, denunció una situación de incertidumbre tras recibir una orden de desalojo por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pese a llevar más de cinco años habitando y trabajando el predio. Según explicó Leidy Toro, presidenta de la Asociación de Pequeños Campesinos Agricultores del sector, la comunidad se estableció en el lugar en octubre de 2020, en una finca que llevaba más de dos décadas sin uso productivo. De acuerdo con su relato, el terreno había pasado por diferentes administraciones tras la ausencia de su propietario, lo que permitió que fuera ocupado y puesto en funcionamiento por familias campesinas. Desde entonces, los habitantes han desarrollado actividades agrícolas que hoy representan su principal sustento. En el predio se cultivan productos como limón taití, naranja, sandía, aguacate, cacao, plátano y yuca, además de la cría de animales como cerdos y gallinas. Estas labores han permitido consolidar un asentamiento organizado, que incluso avanzaba en la conformación de su Junta de Acción Comunal. La comunidad aseguró que, en el marco de la reforma agraria, recibió orientación para continuar con sus cultivos y mejorar sus viviendas, con la expectativa de lograr la adjudicación del terreno. Sin embargo, recientemente una comisión de la ANT llegó al lugar y notificó un plazo de 15 días para desalojar, lo que generó preocupación entre los habitantes. Los campesinos manifestaron que la medida pone en riesgo no solo sus viviendas, sino también los cultivos permanentes que han construido durante años, muchos de los cuales no pueden ser trasladados o recuperados en corto tiempo. Asimismo, señalaron que en el asentamiento hay presencia de niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, lo que agrava el impacto social de una eventual salida. De acuerdo con la vocera, la comunidad teme que el predio sea entregado a otras asociaciones, pese a que ellos cumplen con los requisitos y han demostrado su capacidad productiva. Por ello, hicieron un llamado a la Agencia Nacional de Tierras para que revise la situación y les permita continuar en el lugar, integrándose formalmente a los procesos de la reforma agraria. Las familias insisten en que su única intención es permanecer en el territorio, trabajar la tierra y no perder el esfuerzo de años, en un contexto donde aseguran estar siendo desplazados nuevamente, a pesar de su vocación campesina y su compromiso con el campo.
