La Procuraduría General de la Nación se suma a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, una fecha de profunda relevancia para el país que convoca a reconocer la dignidad, resiliencia y memoria de millones de colombianas y colombianos afectados por décadas de violencia.
En la actualidad, Colombia registra 9,9 millones de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado, cifra que continúa en aumento y que da cuenta de la magnitud de la tragedia humanitaria que ha marcado la historia reciente del país. Esta realidad interpela de manera directa a la institucionalidad, al Estado y a la sociedad en su conjunto sobre la urgencia de avanzar en la garantía efectiva de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
La Procuraduría General de la Nación reafirma que la memoria no es únicamente un ejercicio simbólico, sino un deber ético y jurídico que exige acciones concretas para evitar la repetición de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
El Ministerio Público reconoce el papel fundamental de las víctimas como sujetos de derechos y actores centrales en la construcción de paz. Su participación efectiva en los procesos de toma de decisiones, así como el respeto por sus procesos organizativos y de memoria, constituyen pilares esenciales para la reconciliación nacional.
En esta fecha, la Procuraduría hace un llamado a todas las entidades del Estado para que implementen integralmente la política pública de víctimas, asegurando el acceso oportuno a medidas de atención, asistencia y reparación, con enfoque diferencial y territorial. De igual forma, insta a adoptar medidas urgentes para enfrentar los factores de riesgo persistentes en diversas regiones del país, que continúan generando hechos de violencia, desplazamiento y vulneración de derechos.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación expresa su solidaridad con todas las víctimas del conflicto armado y reitera su compromiso de ejercer vigilancia preventiva y disciplinaria para que las instituciones cumplan con su deber constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos.
La memoria de las víctimas es un compromiso permanente del Estado colombiano. Honrarla implica actuar con decisión para que nunca más la violencia sea el camino.
