Responsables por secuestros, asesinatos y abusos sistemáticos.
Redacción Extra
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió una sentencia que condena a 11 exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas FARC-EP por su participación en 165 hechos delictivos ocurridos entre la década de 1990 y principios de 2000 en diferentes regiones del país, incluyendo los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas. Los sentenciados, identificados como Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla; César Díaz Sosa, alias ‘Cochebomba’; Críspulo Efraín Quiñonez Barreiro; Daniel Zárate Velandia; Jhon Jairo Ramírez, alias ‘Fuego Verde’; Berny Derley Ordoñez Castro; Ferney Valverde Fajardo; Marlio Mora Morales; Rodrigo Ducuara Yate; Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez, fueron declarados responsables de delitos graves que incluyen homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores, acceso carnal violento en persona protegida, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo.
Entre los hechos más relevantes documentados por la investigación, liderada por la Dirección de Justicia Transicional, se encuentra la toma de las bases de la Policía Antinarcóticos y del Ejército Nacional el 3 de agosto de 1998, un ataque que dejó 19 uniformados muertos y 131 secuestrados. De manera similar, se acreditó la incursión armada a Mitú, en Vaupés, el 26 de octubre de 1998, cuando aproximadamente 1.500 miembros del Bloque Oriental atacaron la estación de Policía con armas no convencionales, ocasionando la muerte de 38 miembros de la fuerza pública, 8 civiles y el secuestro de 61 policías.
Otro de los casos emblemáticos incluidos en la sentencia corresponde al reclutamiento forzado de una niña de 11 años en 1995, en la vereda Retiro Milagro de Yopal, Casanare, quien fue sometida a abusos sistemáticos y obligada a interrumpir su embarazo en dos ocasiones durante su permanencia en los campamentos del grupo armado ilegal.
El fallo impone a los condenados penas de 480 meses de prisión y una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme a las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz, así como la obligación de cumplir con todas las medidas de reparación contempladas en la sentencia.
Expertos en justicia transicional han señalado que estas decisiones buscan consolidar la memoria histórica, garantizar reparación a las víctimas y fortalecer la confianza en el sistema judicial, aunque reconocen que la implementación efectiva de las penas y la reparación integral a las víctimas representa un desafío constante en un país marcado por décadas de conflicto armado.
Con esta sentencia, la justicia colombiana refuerza la capacidad del sistema judicial para juzgar crímenes cometidos por grupos armados, mientras continúa enfrentando las tensiones entre la búsqueda de verdad, la sanción penal y la reconciliación social.
